Esperan tres informes clave para confirmar el perfil económico de los aportantes a la campaña de Cambiemos
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Esperan tres informes clave para confirmar el perfil económico de los aportantes a la campaña de Cambiemos

Personal de Gendarmería recorría por estas horas las casas de medio centenar de aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, elegidos al azar, para verificar sus condiciones de vida. Mientras que se esperan informes oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSéS para confirmar si unos 200 casos fueron beneficiarios de planes sociales.

Así lo indicaron a A24.com fuentes judiciales, que precisaron que esas diligencias se realizan en el marco de la investigación preliminar que dispuso el fiscal electoral Jorge Di Lello y que terminará indefectiblemente en el juzgado de La Plata, donde también hay una causa abierta en manos del juez Ernesto Kreplak

Se trata de investigaciones hechas bajo los alcances de la ley electoral. Hay otra causa penal en trámite -a cargo del juez federal Sebastián Casanello y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli- en la que se busca determinar si se cometieron delitos en el financiamiento de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Aunque los denunciados ante Casanello fueron las cabezas de lista –Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Héctor “Toti” Flores y Gladys González-, la fiscalía  apunta a responsables económicos de la campaña Gabriel Irigoin y Carla Chabán.

En el juzgado de Kreplak , en tanto, la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana-FPV Teresa García amplió ayer su denuncia en los tribunales de La Plata. “Todos los día aparecen nuevos casos”, afirmó.

Ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que ordenó una auditoría y echó a la contadora de la provincia Fernanda Inza. Fue el primer gesto al cumplirse un mes desde que el periodista Juan Amorín revelara en el sitio "El Destape" que cientos de aportantes a la última campaña de Cambiemos en la provincia  tenían planes sociales y aparecían en los registros donando entre 300 y 1500 pesos. En las últimas horas, el caso comenzó a ser tratado por medios de comunicación de mayor alcance.

En ese contexto, fuentes judiciales precisaron que el fiscal Di Lello ordenó tres diligencias en el marco de la investigación preliminar: un informe a Gendarmería, otro al Ministerio de Desarrollo Social y un tercero al ANSéS. Todas las diligencias fueron pedidas con carácter de urgente.

  • A la Gendarmería se le envió un listado de 50 casos elegidos al azar dentro del listado original de 205 aportantes (hoy ya son 805 los nombres que figuran). De esas 50 personas elegidas al azar, se les pidió que se verifique en qué condiciones viven. No se trata de informes socioambientales sino de un reporte general, sin consultar directamente con los protagonistas.
  • A la ANSéS, en manos de Emilio Basavilbaso, se le pidió saber si tenían beneficios sociales. Fuentes judiciales precisaron a A24.com que un abogado del organismo se presentó en tribunales de Comodoro Py para explicar que la búsqueda de esa información iba a demorarse unos días porque todos sus registros sobre pensiones, jubilaciones y subsidios estaban divididos.
  • Al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, también se le requirió saber si los aportantes tienen beneficios, como una suerte de información cruzada. Se esperan novedades.