“Una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción, tal como se obligó al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 30), aprobada por ley 26.097”. “Una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción, tal como se obligó al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 30), aprobada por ley 26.097”.
Un pasaje del comunicado de la Oficina Anticorrupción
Para la OA, “el inicio del juicio oral asegura a los imputados su derecho a tener un pronunciamiento judicial ante la ley y ante la sociedad”.
Quién más cuestionó a la Corte. Otro de los representantes del Gobierno que criticó la decisión del tribunal fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien expresó que "pareciera que lo que la Corte no quiere es que se realice el juicio".