Presentaron un documento

Justicia: empresarios y entidades civiles propusieron cambios para que haya más transparencia y eficacia

La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre IDEA, AMCHAM y el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires. Plantearon 8 ejes para, entre varios aspectos, mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema y de los fueros.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Justicia: empresarios y entidades civiles propusieron cambios para que haya más transparencia y eficacia

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un documento con ocho propuestas para mejorar el funcionamiento del poder judicial y volverlo “más transparente y eficaz para atraer inversiones”.

El trabajo fue elaborado con la coordinación del académico y exintegrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Armando Andruet, con la participación de especialistas, entre juristas, abogados y académicos, que realizaron un diagnóstico del sistema actual de justicia.

Después de 8 meses de análisis, las recomendaciones de empresarios y abogados apuntaron a solicitar tecnología para la administración de justicia, mejores prácticas éticas, recursos económicos para la autonomía judicial, una Corte Suprema más eficiente, despolitizar el Consejo de la Magistratura, formación y desarrollo de la carrera judicial, procesos civiles y comerciales más simples, y mayor celeridad en los procesos penales.

Para el presidente de AmCham Argentina, Roberto Alexander, este dossier permitirá abrir un debate hacia una justicia más transparente, garante de un país más predecible y confiable. Admitió que “buscan con mirada empresarial hacer un aporte colectivo para generar reglas consensuadas e instituciones sólidas más allá del gobierno de turno”.

Por su parte, el presidente de IDEA, Roberto Murchinson, señaló que la intención es abrir el diálogo para generar consensos con voces de distintas áreas y lugares de la Argentina. Sostuvo que “sin diversidad de voces no hay debate, sin debate no hay consenso, sin consenso no hay buenas instituciones, sin buenas instituciones no hay justicia, y sin justicia no hay república”.

Máximo Founrouge, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, precisó que para que la justicia funcione bien hay que hacer reformas: “Hoy estamos hablando de reformas de un fuero, el penal, el de Comodoro Py, pero abarca sólo un aspecto pequeño”. Puntualizó que la justicia civil y comercial también son de interés de quienes vienen a invertir a la Argentina.

Una de las sugerencias consistió en impulsar una escuela para aspirantes a jueces, con al menos cuatro años de formación, jerarquizando la Escuela Judicial de la Nación en todo el país, previendo que se convierta en un elemento de incidencia en la selección de nuevos magistrados.

En tanto, Armando Andruet planteó digitalizar e informatizar la Justicia, aprovechando el impulso que le dio la pandemia, para que sea asimilado a largo plazo, para dar celeridad y transparencia a los procesos judiciales.

8 propuestas en busca de una mejora de la justicia

Otros dos capítulos fueron dedicados a la práctica procesal, proponiendo simplificar el desarrollo de las causas en el ámbito penal, civil y comercial para mejorar el acceso a la justicia.

El constitucionalista, Alberto Garay, que se ocupó de evaluar el funcionamiento de la Corte Suprema, explicó que el más alto tribunal argentino, recibe anualmente entre veinte mil y veintiocho mil causas, y sólo llega a emitir por año ocho mil sentencias, “lo que representaría un cálculo de veintiún causas diarias, con los cinco jueces trabajando sin descanso las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año”. Calificó esa situación como “una bola de nieve que se transforma en una espada de Damocles”.

En este sentido, Garay postuló que la Corte “podría dictar menos votos concurrentes y refinar la redacción de sus fallos haciéndolos más precisos”, para ahorrar tiempo y achicar el margen de nuevos recursos.

El Estado, el mayor cliente de la Justicia

A su vez, se refirió al Estado como “el mayor cliente de la Justicia”, notablemente en las causas previsionales. Detalló que estos casos generalmente llegan a la Corte apelados por la ANSES cuando son favorables para los jubilados. El problema es que así se suspende el pago de la sentencia, por eso sugirió invertir el efecto a través de la decisión de un juez, para que el beneficiario pueda empezar a cobrar y en todo caso si luego se revoca, devolver el dinero.

En diálogo con la prensa, la doctora Cecilia Mairal, del Colegio de Abogados, indicó que alguna de las ideas podrían implementarse sin necesidad de reformas administrativas o legales en el corto plazo.

Por su parte, la Jueza Tributaria mendocina Gabriela Avalos se refirió al presupuesto al que consideró un elemento clave para la independencia del poder judicial, tanto de los grupos económicos, como en la vida interna en materia de gestión y remuneración.

Apuntó contra la composición del Consejo de la Magistratura, que tiene en sus manos la administración de la economía, porque según advirtió, de sus trece miembros, el el cincuenta y cuatro por ciento corresponde al sector de la política partidaria.

Por ese motivo, recomendó despolitizar el Consejo poniendo en equilibrio el número de representantes, entre académicos, abogados, magistrados, legisladores y representantes del poder ejecutivo.

También sugirió modificar la Ley de Autarquía (Ley Nº 23.853) elevando de 3,5 por ciento a 5 por ciento los recursos tributarios y no tributarios que la Administración Central destina a la justicia, y asignarle el manejo total de la economía a Corte Suprema.

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