El equipo de Justicia de Mauricio Macri trabaja por estas horas en el proyecto para traspasar el Programa de Protección a Testigos e Imputados desde la órbita del Ministerio de Justicia a la Justicia. Según fuentes oficiales consultadas por A24.com, evalúan distintas opciones: que pase a la Cámara de Casación Penal, al Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Corte Suprema o un mix de estas.
La razón principal que argumentan en el Gobierno para hacer esta medida, que aseguran que saldría "pronto" por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es “garantizar hacia el futuro el funcionamiento del sistema de protección de testigos en el marco de los procesos penales”.
Ayer a última hora por la noche algunos medios publicaron que Macri firmaría hoy miércoles dicho DNU con el aval del presidente electo Alberto Fernández. Pero Alberto lo desmintió minutos después de que se conociera la noticia por Twitter: "Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos".
De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, “no hubo ninguna marcha atrás, el DNU no iba a salir hoy porque todavía el tema es materia de análisis y de diálogo”. Preguntados sobre por qué no lo consultaron con la nueva administración que asumirá el 10 de diciembre, fuentes oficiales explicaron que no lo hicieron porque no hay transición formal y no designaron a nadie con quien establecer el diálogo.
De todas maneras, la gran mayoría de los jueces no estarían contentos con la decisión, por los problemas operativos que implica la administración de ese programa y porque, en muchos casos, ellos tienen que evaluar la eficacia legal de las versiones de dichos testigos, con lo cual se mezcla la función de juzgar con la de controlar.
Pero hay algo más grave aún. Una de las razones de la medida en la que trabaja el Gobierno de Macri es el temor de los protegidos al nuevo gobierno porque acusaron a algunos de sus ex funcionarios. Si esa es la base de la decisión presidencial en sí misma es complicada de defender.
Además, si eventualmente es uno de los aspectos que se tiene en cuenta para la transferencia, sería una confesión de que en nuestro país el Estado se confunde con el gobierno.
Ante la consulta de A24.com, el abogado Alejandro Rúa, uno de los interlocutores de la coalición "Fernández- Fernández" en la justicia afirmó: "El problema que deja expuesto este traslado que se pretende es que tras que saliera a luz la metodología extorsiva del caso D’Alessio y todo su entramado, ha quedado expuesto que muchos de los llamados ´testigos protegidos´ son en verdad imputados ´puestos en emergencia´ por ese sistema, según así se los define y fuera implementado por algunas agencias de Gobierno -como el ministerio de Seguridad- con jueces y fiscales cohonestados en la promoción y la amenaza de prisiones preventivas arbitrarias, cuyo único destino es obtener prontas declaraciones que apunten en el sentido deseado".
En este sentido, Rúa puntualizó: "Este ´pase´ de ´protegidos´ entre integrantes del mismo sistema que los promoviera parece en verdad estará destinado a mantenerlos como ´rehenes´ del propio sistema, cuando la verdadera protección puede brindarla justamente, por la liberación de ´puesta en emergencia´, el final de ese sistema estatal de persecución política, que ya han anunciado las próximas autoridades".
El programa es una política pública del estado y no debería cambiar de órbita porque haya rotación en la cabeza del Poder Ejecutivo.
