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Tirón de orejas para el Gobierno: la justicia cuestionó a las fuerzas de seguridad por dos casos de abuso policial

Tirón de orejas para el Gobierno: la justicia cuestionó a las fuerzas de seguridad por dos casos de abuso policial
Las marcas de la tortura. Fuente: Garganta Poderosa

La semana pasada hubo dos decisiones judiciales que le pusieron un freno a excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.  Por un lado, el juez federal Sergio Torres sobreseyó a la mayoría de los detenidos en la represión del 18 de diciembre durante la protesta por la reforma previsional y dejó en evidencia la arbitrariedad del despliegue policial.  Por el otro lado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 9 condenó a seis integrantes de la Prefectura Naval por encontrarlos culpables de haber torturado a dos jóvenes de la villa 21-24 de Barracas.

Detenidos por la protesta contra la reforma previsional

En una extensa resolución, el juez Torres sobreseyó el miércoles pasado a 58 de las 69 personas que fueron detenidas el 18 de diciembre de 2017 durante la manifestación en el Congreso. Lo más interesante fueron los argumentos con los que el magistrado le marcó los límites a las fuerzas de seguridad. 

“Tal como se desprende de las imágenes y testimonios recabados, el personal de la Policía de la Ciudad mantuvo en un primer momento una actitud pasiva frente a los incidentes que comenzaron a producirse, no pudo frenar la escalada de violencia y, cuando la situación se volvió incontrolable, respondió en forma caótica y desproporcionada”, dijo Torres.

Según Torres, esa “desorganización” se trasladó a las detenciones que se realizaron.

El juez además justificó su decisión al señalar que en muchas de las actas y testimonios brindados por los integrantes de la Policía de la Ciudad se narra lo ocurrido en términos generales, sin describir qué estaba haciendo cada persona detenida en condiciones de tiempo y lugar concretos.

“Las menciones genéricas, sin más elementos que las respalden, no permiten formular las más básicas imputaciones sin un serio compromiso de las garantías constitucionales”.

La responsabilidad de los agentes será analizada por este mismo juez pero en otra causa que investiga episodios de violencia institucional ocurridos ese día.

Como sea, la decisión reivindica que protestar en las calles no se convierte automáticamente en un delito.

Torturados por la Prefectura en la villa 21-24 

Paralelamente,  los jueces del Tribunal Oral Nro. 9 de la Capital Federal condenaron el viernes pasado a seis prefectos a penas de entre diez y ocho años por haber torturado a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya el 24 de septiembre de 2016. Ambos jóvenes fueron detenidos sin causa durante varias horas, golpeados, sometidos a un simulacro de fusilamiento, humillados y torturados física y psicológicamente.

Los prefectos fueron condenados por los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado. Es que, además de los golpes, la tortura y las amenazas, los prefectos se quedaron con un celular y efectos personales de uno de los dos chicos.  

En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que estas condenas mostraron las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta, y que en algunos casos llega a situaciones extremas como las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel.

El CELS denuncia que desde aquella noche en que los dos jóvenes fueron torturados la situación de la violencia policial en el barrio empeoró. Además, cuestionan que el ministerio de Seguridad, autoridad política que debería controlar el accionar de la Prefectura, no tomó ninguna medida para evitar la reiteración de los abusos en la zona. Para el organismo, el resultado de ello es la persistencia y la intensificación de la violencia institucional en la zona sur de la ciudad.

“Los prefectos se siguen moviendo sin control alguno. Las organizaciones reciben decenas de denuncias de detenciones arbitrarias, causas armadas, golpes y humillaciones. La escalada de violencia de los prefectos desembocó hace pocas semanas en el asesinato de Cristopher Rego, un joven de 26 años a quien un prefecto disparó aparentemente porque no se detuvo en un control vehicular”.

Los casos narrados ponen sobre la mesa dos graves problemas que empobrecen la calidad de nuestras instituciones.

En primer lugar, evidencian la falta de control del Gobierno sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Tanto en la represión de la Policía en la protesta social como en las torturas de la Prefectura fue la Justicia quien revisó y puso límites a los abusos cometidos.

En segundo lugar, interpelan el discurso del oficialismo sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Hay varios ejemplos en los que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Presidente Mauricio Macri han apoyado a los agentes. El más polémico fue cuando el Presidente Mauricio Macri defendió al policía Luis Chocobar e incluso cuestionó la decisión de la Cámara del Crimen cuando confirmó su procesamiento.

Sin duda, la dirigencia debería tener mejores mecanismos de control y rendición de cuentas así como también debería ser un poco más mesurada a la hora de opinar sobre estos casos.

Además las autoridades deberían, a esta altura del partido, comprender la especificidad del caso argentino. En nuestro país, por razones que no puedo discutir aquí, la calle es el lugar en el que el pueblo de manifiesta. Desde aquel 25 de mayo de 1810 en que el pueblo salió a la calle para “saber de qué se trata”, nuestra cultura política sedimentó esa forma de hacer visibles los reclamos. Esta costumbre debería ser un insumo clave para que las autoridades.

por Catalina de Elía @CatadeElia
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