La Cámara Federal porteña, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, le quitó una causa contra el ex financista kirchnerista Ernesto Clarens al juez Sebastián Casanello y se la asignó a su colega Julián Ercolini, en una derivación del mega expediente por "asociación ilícita” denominado “Hotesur” en el que están procesados la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos Máximo y Florencia.
El camarista Pablo Bertuzzi, constituido como tribunal unipersonal, le dio la razón a Stornelli en una “cuestión de competencia” entre ambos juzgados.
Casanello tenía a su cargo una investigación por presuntas “irregularidades detectadas en el funcionamiento de la “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo COFICRED Limitada”, cuyo manejo y administración se atribuyó a Ernesto Clarens, entre los años 2008 y 2014”.
En ese expediente “se investiga la operatoria de descuento de cheques que desplegó la cooperativa en particular con las empresas Austral Construcciones S.A. y Gotti S.A., que les habría permitido a los directivos de esas firmas canjear por efectivo los valores recibidos como consecuencia de su participación en la obra pública, impidiendo la trazabilidad de los fondos”.
“Se analiza el posible origen ilícito de una parte de los fondos por medio de los cuales se capitalizó la entidad para poder hacer frente a dichas operaciones”.
Al mismo tiempo, ante el juzgado de Ercolini tramita aún un remanente de la causa Hotesur (ya elevada a juicio oral) en el que “se investiga la existencia de una asociación ilícita emplazada entre los años 2003 a 2015, en cuyo marco los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.
Esa causa se inició en el año 2008, por denuncia de la diputada macrista Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Julio de Vido y Lázaro Báez.
El expediente gira en torno a una supuesta “maniobra criminal implementada entre los años 2005 y 2009, por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.
“La maniobra –explica la resolución, a la que tuvo acceso A24.com- fue presuntamente encabezada por Lázaro Báez y Ernesto Clarens, quienes habrían desarrollado un mecanismo de reciclaje de activos, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a obras públicas”.
Bertuzzi reconoció que "no habría una estricta coincidencia de los lapsos temporales en los que presuntamente se habrían cometido los hechos”.
Pero igualmente justificó la unificación de los expedientes en el juzgado de Ercolini porque “las maniobras en ambos casos habrían implicado el libramiento de cheques, posibles desvíos de ingresos, así como la utilización de personas físicas y jurídicas y la facturación bajo el ropaje de lo que serían prestaciones de servicios inexistentes”.
Cuando postuló la elevación a juicio del grueso de la Causa Hotesur, el fiscal Gerardo Pollicita había afirmado que “desde el inicio de la pesquisa, se han ido formando y acumulando distintos expedientes tendientes a investigar los diferentes hechos que habría cometido la organización criminal enunciada con el fin de sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas y es en esta línea que el presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones”.
El fiscal tuvo “por acontecida la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos, la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia deSanta Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.
