El enigma que por estos días no deja de preocupar a políticos y empresarios se llama José Francisco López. Ocupó la estratégica secretaría de Obras Públicas durante todo el período “K”. Lo sabe todo. Nadie puede asegurar cuánta información está dispuesto a suministrar.
De todas formas, tiene un su poder la piedra filosofal. Sus palabras pueden llegar a los empresarios, a los políticos de distintos niveles y a los financistas, sin cuya colaboración estos hechos no podrían haber ocurrido. Pero la aparición de los arrepentidos así como acelera los tiempos judiciales, enciende luces de alarmas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos tienen efecto en nuestro sistema judicial, condenó a El Salvador por una condena irregular anclada en la versión de un “imputado colaborador” en el caso “Ruano Torres”.
El tribunal interamericano fijó pautas muy estrictas con respecto a la intervención de esta figura procesal y básicamente destacó que esas colaboraciones deben ser corroboradas por otras pruebas.
La primera lectura del fallo parece antipática, pero en el fondo reivindica algo que nunca debemos perder de vista: el estado de inocencia tiene que ser destruido mediante un juicio justo.
Nuestro país lo hizo de manera casi ejemplar en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Por más tentadores que nos parezcan los arrepentimientos, es preciso no perder de vista que deben ser corroboradas siempre y por más grave que sea el crimen, porque una condena injusta no solo afecta a la víctima, sino que nos afecta a todos.
La justicia, como tantas otras veces, tiene la gran oportunidad de enfrentar el escándalo de los cuadernos con el arma más importante de la democracia: la ley.
