La jueza federal con competencia electoral María Servini hizo lugar a la medida cautelar pedida por el Frente de Todos y prohibió al gobierno efectuar el pago excepcional de 5.000 pesos a 114 mil desocupados, en el contexto del proceso electoral del próximo 27 de octubre.
Lo hizo, “a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.
La jueza dictó la medida provisoria que consiste en “una orden de restricción al Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica y al Secretario de Empleo de la Nación, Fernando Prémoli, al sólo efecto de que se abstengan a disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución n° 1177, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo”.
Servini comprobó que la Resolución 1177 efectivamente existe pero que no fue dada a conocer por el gobierno. Fue firmada el 3 de octubre pasado por Prémoli y “quedó circunscripta a una circulación interna y que a la fecha, no fue publicada en el Boletín Oficial”.
Esa normativa estableció un “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo de $ 5.000 por única vez para desocupados ´mayores de 18 años´ con DNI, CUIL y que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales”. La fecha tope de pago fue establecida el 8 de noviembre.
El Frente de Todos había denunciado que ese pago extraordinario y por única vez tenía por objetivo “condicionar” a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, la que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.
El fiscal electoral Jorge Di Lello se había pronunciado a favor de la cautelar, aunque dejando a salvo que respaldaba la iniciativa de asistir económicamente a los sectores más perjudicados de la sociedad, pero no en el contexto de un proceso electoral.
La denuncia del Frente de Todos incluye, además de la cautelar concedida hoy por Servini, la presunta infracción al artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que establece penas de uno a tres años de cárcel a “quien compeliera a un elector a votar de manera determinada”.
Esa investigación sobre un eventual delito electoral apenas está comenzando.
