El fiscal bonaerense Leandro Daniel Heredia, titular de la UFI descentralizada de Presidente Perón (La Plata), fue destituido por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Los hechos por lo que lo acusaron son escandalosos.
Los propietarios del campo “La Primavera” lo denunciaron por haber dispuesto, sin denuncia previa, que la policía ingresara junto con varias personas queusurparon la propiedad.
Durante el jury, relataron las peripecias que debieron atravesar con motivo de la ilegítima intervención del fiscal. Contaron, por ejemplo, que tardaron cuatro meses en recuperar la propiedad y que una vez que pudieron ingresar constataron la magnitud de los daños ocasionados: robo de tractores y herramientas, rotura de vidrios, sillas tajeadas, mobiliario destrozado.
Pero lo que más llamó la atención fue el robo de vacas; de las 600 cabezas de ganado Aberdeen Angus que había en el predio al momento de la orden del fiscal Heredia, sólo quedaron 24.
Esto ocurrió hace trece años pero los damnificados afirmaron no haber superado el daño patrimonial generado por el fiscal.
También declaró una víctima de abuso sexual que relató que, a raíz de ese terrible suceso, se descompensó y fue internada en terapia intensiva.
La víctima contó que el fiscal Heredia se apersonó en el hospital y le tomó declaración cuando prácticamente estaba en estado de inconsciencia. La mujer afirmó no recordar absolutamente nada de lo que había relatado al fiscal.
Heredia, sin llevar adelante tarea investigativa alguna y sólo con lo declarado por una víctima en estado de shock decidió, a los pocos días, archivar la causa.
Días más tarde la mujer se presentó en la sede de la Fiscalía a fin de ratificar la denuncia pero el fiscal le comunicó que la causa había sido archivada. Ante su insistencia, Heredia le manifestó que sólo se había tratado de un “manoseo” -sic-.
En el jury se comprobó, además, que el fiscal Heredia cometió irregularidades en el ejercicio de su función en múltiples oportunidades.
La acusación fue promovida por la Procuración General a cargo de Julio Conte Grand.
Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires hay 122 investigaciones contra jueces y fiscales bonaerenses por presunto mal desempeño.
En los próximos días, de hecho, tratarán ante el jury el caso del juez de la Cámara de Casación bonaerense Martín Ordoqui. El camarista está acusado de proteger a una banda que se dedicaba a hacer estafas inmobiliarias en San Vicente y Canning.
El caso “Heredia” muestra la faceta más compleja del sistema judicial: los abusos funcionales de los magistrados que utilizan los cargos para hacer negocios propios directa o indirectamente.
Lo dijimos con el fiscal Federico Delgado en nuestro libro “La Cara Injusta de la Justicia”: es central crear mecanismos de seguimiento “en progreso” del trabajo de jueces y fiscales. Para ello hay que discutir el concepto de independencia, porque bajo su nombre se alojan prácticas que exceden el trabajo judicial.
Jueces y fiscales deben trabajar sin sujeción a ningún poder que no sea el de la ley, pero esa premisa no impide que se ausculte permanentemente su trabajo para que el daño a la institucionalidad se pueda prevenir.
