La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por el presidente de la Alianza Fernando de la Rúa, junto con su ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, para cumplir con obligaciones asumidas en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y, de paso, con una de sus promesas de campaña.
Las funciones principales que figuran en el decreto que le dio origen son las de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la citada convención y la de mejorar la transparencia del Estado.
Su ámbito de aplicación comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades, y todo otro ente público o privado con participación del Estado, o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.
De este modo, la OA debe recibir denuncias, hacer investigaciones preliminares, denunciar ante la Justicia, ser querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, llevar el registro de las declaraciones juradas de los funcionarios, elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia pública, asesorar a los organismos del Estado sobre la implementación de políticas preventivas.
Sin embargo, lejos de sus motivos fundacionales, la OA ha funcionado desde sus inicios hasta nuestros días como un brazo del Poder Ejecutivo para cuidar amigos y perseguir opositores. Sus primeros pasos rutilantes fueron los casos de los emblemáticos menemistas Víctor Alderete y María Julia Alsogaray y una intervención específica en la interna de la Alianza, al denunciar al cuñado de Graciela Fernández Meijide, Héctor Tognetto.
La primera persona a cargo del organismo, durante el gobierno de la Alianza, fue el ex juez José Massoni, que asumió en 1999. Pero, a los tres años de haber sido designado, renunció por motivos personales. Le siguió Manuel Garrido, que permaneció en el cargo hasta 2003 y luego se trasladó al Ministerio Público Fiscal. La crisis del 2001 desactivó en los hechos a la OA.
Durante el kirchnerismo el primer elegido fue Daniel Morín, que duró solo once meses en su cargo ya que eligió irse a ocupar una vocalía en un tribunal oral.
Quien lo reemplazó fue el ex secretario de Política Judicial Abel Fleitas Ortiz de Rozas, que estuvo hasta que murió en 2008. En esos tiempos se recuerda a la OA por su intervención en el caso de Enrique Olivera, que amagaba con ganar las elecciones locales del año 2005 y fue objeto de una operación montada con un anónimo que recibió la Oficina en plena veda electoral, que lo ligaba a cuentas no declaradas en el exterior. Una información dañina e incomprobable antes de las elecciones.
El último titular de la OA durante el gobierno de Cristina Kirchner fue Julio Vitobello, que llegó en 2009 como titular del organismo. El rol de la OA en ese período se limitó a tareas administrativas. Y, por ejemplo, en la causa por la Tragedia de Once no se presentó como querellante.
Cuando asumió Mauricio Macri, la designada fue Laura Alonso, quien permanece en su cargo hasta la actualidad. Alonso, en el programa de Luis Majul en América TV, afirmó que desde la oficina aportó información en varias causas sobre el gobierno actual, pero dijo que en este momento no están “querellando en ninguna de esas causas para que no me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción”.
A diferencia de la participación activa de la OA en las causas y juicios que investigan la corrupción kirchnerista, el rol de Laura Alonso fue cuestionado por la oposición cuando decidió desvincular al presidente Mauricio Macri de la negociación de su Gobierno con la empresa de la familia Macri Correo Argentino S.A por el acuerdo que le condonaba un 98% de la deuda con el Estado.
Durante esta gestión, no se modificó la matriz de actuación de la oficina: investigar a la oposición y cierta indiferencia con el oficialismo.
Nada nuevo, en la Argentina casi siempre se confunde Estado con gobierno.
