Emocionante

"Operación Puf": las escuchas y el derecho a la intimidad, en terapia intensiva

Catalina de Elía
por Catalina de Elía |
Operación Puf: las escuchas y el derecho a la intimidad, en terapia intensiva

Con una mezcla de perplejidad y avidez estamos en medio de la circulación de las escuchas vinculadas a la llamada "operación Puf”. Luego de ello, nos preguntamos cómo se realizaron y si son legalmente aptas para generar una causa judicial.

Después de muchas averiguaciones y chequeo, hay algunas certezas pero también muchas dudas. Esta es la historia reconstruida - hasta ahora - de las escuchas que, vale aclarar, nadie puede asegurar con certeza por qué están donde están.

Hay un juez de Lomas de Zamora que ordena intervenir teléfonos en el penal de Ezeiza donde está detenido Mario Segovia, el Rey de la Efedrina y otras personas a quienes investiga en una causa de narcotráfico. Esos teléfonos también son usados por presos vinculados al anterior gobierno, pero el magistrado considera que esas conversaciones no están relacionadas con su causa y las destruye. Aquí yacen dos conclusiones. Los teléfonos de las cárceles están intervenidos por sospechas de narcotráfico y con esa excusa todos los reclusos están bajo el panóptico.

Luego, una diputada recibe un anónimo con las transcripciones de una parte de esas escuchas. Después se filtran y presenta la denuncia ante otro juez de Comodoro Py. Este, a su vez, no se conforma con las transcripciones y quiere las escuchas de verdad. Entonces le pide autorización a su par que había intervenido los teléfonos en la cárcel para acceder a las copias que tiene la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADUJECO). Lo autoriza y finalmente los soportes llegan a Comodoro Py.

Pero, igual que las transcripciones, las escuchas se filtran. Llegan a la televisión y desde allí se derraman en múltiples oraciones y generan interminables debates.

Lo que no sabemos es por qué la justicia tenía en su poder las charlas de toda la cárcel y no sólo las de Segovia y por qué no se destruyó en tiempo real todo aquello que no tenía que ver con el tráfico de drogas. La pregunta final, es por qué el Estado archiva esa información. No importa qué parte del Estado, aunque todos lo sospechamos. Importa que esos archivos existen.

Casualmente, hace tan solo unos días, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, que es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre un tema específico de los derechos humanos, visitó la Argentina y puso el foco en el espionaje local.

El 17 de mayo publicó un informe en la página de la ONU para la prensa sobre lo que observó en relación a las escuchas y el espionaje. Algunas de sus conclusiones son alarmantes. Veamos.

En primer lugar dijo estar "convencido de que las salvaguardas establecidas en DAJuDeCO son adecuadas y preservan la privacidad del individuo. Sus responsables me han presentado pruebas de que, tanto en lo que se refiere al personal que trabaja allí como al diseño institucional y a los protocolos de trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, garantizar la protección de los datos personales y que las únicas personas que tienen acceso al contenido de las interceptaciones son los beneficiarios legales de una orden de vigilancia emitida por el poder judicial”.

Pero, advirtió el relator, todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia (por ejemplo, DAJuDeCO), deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia y que debería crearse un organismo de control específico, más allá de la Comisión Bicameral de inteligencia del Poder Legislativo

“Considero que el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones” “Considero que el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”

Declaración a los medios de comunicación del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, al concluir su visita oficial a la Argentina del 6 al 17 de mayo de 2019

El trabajo del experto explica lo que pasa. Hay leyes. Hay controles pero las escuchas se filtran. Paradójicamente, hasta el momento ningún miembro de la justicia habló públicamente sobre la situación de gravedad institucional que nos rodea por estos días. No podemos salir de la incógnita hasta que el Estado hable claramente a través de sus funcionarios.

Por ahora sabemos que hay escuchas, no sabemos con claridad si efectivamente conservan la legalidad con la que nacieron cuando fueron ordenadas o si en algún momento debieron ser destruidas. Lo que sí conocemos con certeza es que el Estado interviene teléfonos para escuchar a una persona, que bajo esa circunstancia escucha a muchas y que archiva esas charlas.

El derecho a la intimidad está en terapia intensiva.

Se habló de
s