Por Susana Morán*

En septiembre del año pasado fue una de mis últimas visitas a la frontera norte. Viajé desde Quito a San Lorenzo, un pequeño cantón de la provincia de Esmeraldas. Es una de las zonas más pobres y olvidadas del Ecuador. Los servicios básicos son escasos, los centros de salud y educativos tienen muchas necesidades y la economía de sus habitantes es precaria. Sus pobladores, en su mayoría afrodescendientes, viven del poco trabajo que ofrecen las palmicultoras y de la pesca. Por eso muchos pasan la frontera con Colombia y trabajan del otro lado como ‘raspachines’ o cultivadores de la hoja de coca.

Su cercanía con los crecientes cultivos ilícitos en el país vecino y los diversos grupos armados que buscan el control de la producción y de las rutas volvieron a San Lorenzo y sus alrededores en una histórica zona peligrosa. Las altas tasas de homicidios y asesinatos lo demuestran. En el 2013, este indicador llegó a ubicarse en 96,2, mientras que la tasa nacional fue de 10,13. En los últimos años esa cifra ha disminuido, pero aún supera en tres veces el promedio nacional. En las noches, casi no había patrullaje de la Policía y las fiestas populares solían terminar en tragedia.

Esa zona a la que un país olvidó volvió a ser el centro de atención cuando explotó un coche bomba junto a la estación de la Policía de San Lorenzo, el 27 de enero de este año. No hubo muertos. Pero las autoridades recién pusieron sus miradas en ese lugar que escasamente aparecía en los titulares de prensa. Claro, había una frontera a la que la estaba desbordando un conflicto vecino. Pero la salida de las FARC de sus territorios y el reacomodo de los grupos armados en esa zona ya no eran un problema ajeno. O quizá nunca lo fue. Recientes operativos del lado ecuatoriano contra el narcotráfico ya habían dejado millonarias incautaciones de droga y de precursores químicos usados para el procesamiento de los estupefacientes. A eso se debe, según los gobiernos de Ecuador y Colombia, las represalias y el aumento de atentados en esa zona fronteriza.

Entonces los medios se volcaron a contar lo que allí sucedía. Por equipos se turnaban para llegar a esa zona a seis horas por tierra desde Quito. A muchas de sus poblaciones solo se llega en lanchas. Inmensos manglares y entradas de mar las rodean. Allí hay una sensación constante de temor. Los periodistas del lugar no contestan sus teléfonos cuando los llaman desde números desconocidos. Es una medida de seguridad. Sus habitantes hablan muy poco de la violencia que los afecta. A raíz de los últimos incidentes ni el párroco de San Lorenzo quería dar una entrevista.

Pero ninguno de estos tropiezos puede detener la información. Diario El Comercio, como es usual, envió un equipo a cubrir los hechos de violencia que allí se estaban sucediendo.  Específicamente en la población de Mataje, que pertenece a San Lorenzo. En ese sector, tres militares fueron asesinados y siete resultaron heridos en un atentado con explosivos. Mataje es una de las puertas de entrada y salida hacia Colombia. A pocos kilómetros de distancia de San Lorenzo.

Era normal que un periodista buscara contar lo que pasa allí. De Mataje casi no hay mapas. Ni fotos recientes. Menos una descripción ampliada de la geografía y de las actividades de sus habitantes, muchos de ellos ‘raspachines’ en Colombia. El lunes 26 de marzo ingresaron a Mataje el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Trabajé en El Comercio ocho años y por eso sé del espíritu de ese medio y sobre todo la valentía de sus periodistas. Cada miembro de un equipo periodístico es vital. Los tres son ojos y oídos en un viaje. De hecho, los conductores que conocí allí llevan en la sangre la adrenalina y la curiosidad por lo desconocido.

Pero un día después del secuestro de los comunicadores, el Gobierno habló de “corresponsabilidad”. El ministro del Interior, César Navas, dijo que recibieron las debidas advertencias de ir a una zona así cuando pasaron por el destacamento militar que está a 1,5 km de Mataje. Pero obviamente los periodistas siguieron su camino. Más tarde en Twitter, las declaraciones del ministro fueron cuestionadas. ‘Culpar a un periodista plagiado por entrar en una zona peligrosa donde se están generando noticias de importancia nacional, es lo mismo que culpar a un bombero por quemarse en un incendio’, ironizó el escritor ecuatoriano Rafael Lugo.

El secuestro de nuestros periodistas es un hecho inédito en Ecuador. Fue un golpe para quienes trabajamos en este oficio. Enseguida pensamos en que escenarios como los de México o Colombia ya no estaban lejos. Desde el día en que se conoció el secuestro, cientos de comunicadores han hecho vigilias, protestas y marchas en la mayoría de ciudades del Ecuador. Se han sumado artistas, activistas, políticos, futbolistas, cantantes al hashtag #NosFaltan3. Ese es el lema de una campaña nacional que nació en un chat de WhatsApp de prensa.

A dos días del secuestro, apareció en El Tiempo de Colombia la noticia sobre la liberación de los periodistas. Pero el júbilo solo duró pocos minutos, pues ninguno de los dos gobiernos confirmaba esa información. Al final resultó ser falsa. En medio también hubo contradicciones. Ecuador aseguró que los periodistas están en Colombia; Colombia dijo que no. El ministro Navas ha vuelto a insistir, el lunes 10 de abril, que están en el país vecino.

En medio de esta incertidumbre y ante la escasa información del Gobierno ecuatoriano, ocho días después del secuestro aparecieron sus primeras imágenes. La cadena colombiana RCN publicó a nuestros periodistas encadenados y con candados. Una práctica usual de las FARC. Javier Ortega, el periodista del equipo, informaba quien era su captor: alias ‘Guacho’, un disidente de las FARC. También se conoció lo que pedían a cambio de su liberación: el intercambio de tres detenidos en Ecuador y que se elimine el convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo. El pasado lunes, Navas dijo que no hay negociaciones con ‘Guacho’ y que hay cuatro escenarios para el rescate de los periodistas.

El martes 10 de abril se cumplieron 16 días de su secuestro y 15 vigilias incesantes frente al Palacio de Gobierno. Ahora #NosFaltan3 es un clamor continental. Desde el galardonado periodistas estadounidense Jon Lee Anderson hasta Antonio Pampliega, el periodista español que estuvo secuestrado 299 días en Siria, se han sumando a las voces que piden la liberación de nuestros compañeros. La más reciente adhesión llegó de los becarios de los programas Balboa e Iberis cuyos 228 periodistas, de 16 países, firmaron una carta solicitando a Ecuador y Colombia realizar todos los esfuerzos para devolver sano y salvo al equipo de El Comercio. Los Estados deben garantizar y proteger el trabajo de los periodistas. No hacerlo es poner en peligro la libertad de expresión. Sin periodismo no hay democracia. Y en Ecuador no lo podemos permitir.

*Periodista ecuatoriana, ex del diario El Comercio.