El diputado Rafael Quispe presentó ante el Ministerio Público boliviano una denuncia penal contra el ex presidente Evo Morales por los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, entre otros.
Quispe precisó que Evo Morales cometió todos esos delitos con sus declaraciones desde que llegó a México: "Incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición y terrorismo”.
El legislador ocupa una banca de la coalición de centroderecha Unión Demócrata (UD) pero no pertenece a ningún partido político. Quispe tiene varios antecedentes penales. Uno por acoso político y violencia iniciada por una demanda de la ex candidata a la gobernación de La Paz Felipa Huanca, por la que había sido detenido meses antes. También en 2018 fue detenido en el contexto de una investigación por tráfico de influencias en el municipio de El Alto.
En tanto, Michelle Bachelet anunció que una “misión técnica” del Alto comisionado de la ONU para los DD.HH. llegará a Bolivia. Investigará la compleja situación en ese país, especialmente los hechos de violencia y represión que causaron la muerte de 9 personas por heridas de bala en Cochabamba.
Pero el tema central de la crisis en ese país sigue sin resolverse: cuándo serán las elecciones presidenciales. La senadora Jeanine Áñez, a cargo provisoriamente del Ejecutivo, no avanzó tras su anuncio de que “muy pronto daremos noticias” sobre el proceso electoral.
No hay un acuerdo con el Congreso, controlado por el MAS, el partido de Evo Morales, ni sobre el procedimiento para la convocatoria (una ley o un decreto) ni sobre una fecha concreta. La constitución de Bolivia plantea que en una situación de acefalía como la actual, las autoridades provisionales tienen que llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días.
