Son acusados por robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Las denuncias involucran un pedido de alerta roja de Interpol.
La denuncia del fiscal venezolano contra funcionarios argentinos
El caso por el cual el gobierno de Nicolás Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.
El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.
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El fiscal Tarek William Saab señaló que el “robo” del avión fue el resultado de un “plan fraguado durante más de 20 meses que se materializó el 12 de febrero de 2024″ y apuntó contra Milman, a quien responsabilizó de tener un “papel determinante en el plan” al “conspirar con la delegación de asociaciones israelitas argentinas”.
El avión fue secuestrado por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Su tripulación -que consistía en 14 venezolanos y cinco iraníes- tuvo prohibida la salida del país hasta octubre de ese mismo año ya que se sospechaba que podían estar haciendo tareas de espionaje.
La denuncia de Venezuela contra Javier Milei y Patricia Bullrich
Antes de la órdenes de hoy, el gobierno de Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
“Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes. Deberán responder ante la justicia”, marcó tiempo atrás Saab y agregó: “[Milei] se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio por lo que no tiene moral para atacar a las instituciones democráticas venezolanas”.
En ese entonces, Argentina respondió expresando su repudio a las órdenes de captura y destacando que el caso de Emtrasur fue “resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.
“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó la Cancillería argentina en comunicado.