La Cámara Federal porteña pidió la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por ser responsable de un plan sistemático de secuestro y tortura.
La Justicia porteña pidió la detención de Nicolas Maduro por secuestro y tortura de ciudadanos venezolanos. (Foto: archivo).
La Cámara Federal porteña ordenó la inmediata detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, y de uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.
El histórico fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces que decidieron por unanimidad el fallo. La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el régimen de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.
Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.
Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
En el fallo que lleva la firma de los tres jueces, se hizo foco en los testimonios de las víctimas, donde consideraron que "traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados" y destacaron que hay "un patrón común en las acciones estatales".
Estos testimonios surgieron de informes de las organizaciones internacionales que "exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas", según detalló el tribunal.
"Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria", añadió el fallo.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que por la gravedad de los hechos y considerando que son "ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha", con el objetivo de "evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), encabezado por Waldo Wolff y apoyado por la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien también se sumó al reclamo.
“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder”, reveló a Clarín el abogado Tomás Farini Duggan.
Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los dirigentes chavistas. Aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
