La "marcha para salvar Bolivia" tensa la situación entre Arce y Morales y denuncian otro intento de "golpe de Estado"

Durante la marcha también hubo amenazas de bloqueos generalizados de las carreteras a partir del día 30 de septiembre, si el tribunal no rectifica su decisión.

“Quiero decir también a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral: ¿Ya está aprobado el congreso de Lauca Ñ? Si no, por culpa de ustedes obligatoriamente vamos a ir al bloqueo nacional de caminos”, sostuvo el dirigente evista Ponciano Santos.

Estas declaraciones, a modo de ultimátum acompañado con acciones cada vez más duras, podrían suponer una ruptura del orden institucional.

“La exigencia de alterar sentencias judiciales ajustadas a derecho por medio de movilizaciones populares, no tiene ninguna cabida en el ordenamiento institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, ni tampoco la exigencia de un cambio de gabinete que es una potestad exclusiva del presidente de la nación, quién es el único que conforma el gabinete o remueve a los ministros que no sean eficaces en las áreas en las que han sido designadas”, advirtieron voces del oficialismo ante esta advertencia evista.

¿Qué hay detrás de las movilizaciones?

Más allá de los apoyos políticos a Evo Morales, existe una situación económica en Bolivia que es la base de apalancamiento a las protestas.

En los últimos tiempos se vio una importante caída en la producción y exportación de gas natural comprimido, que fue durante muchos años la principal fuente de ingresos fiscales del estado central. Esto generó a su vez una severa escasez de dólares, que impacta en los precios de los bienes esenciales importados.

Se trata de problemas recurrentes en economías primarias (pasó en la Argentina, por ejemplo) que no son fáciles de resolver con medidas de corto plazo. En este caso -dicen analistas económicos bolivianos- se necesita un cambio en la matriz económica del país.

En ese sentido, el Gobierno de Arce intentó algunas medidas como la aplicación como miembro pleno de MERCOSUR.

Por eso, la retórica envolvente de la “Marcha para salvar Bolivia”, tiene en esta situación de inquietud y disconformidad popular una fuente propicia, que permite ocultar los verdaderos motivos de la agitación social promovida. La pregunta por estas horas es si no se pretende una toma del poder por medios no legales, lo que se asemeja mucho a un golpe de estado, como sucedió en Bolivia en 2019.

Se abre una semana muy intensa en la cual el gobierno central y los disidentes tendrán que encontrar alguna manera de reducir el peligroso impacto que vayan a tener los bloqueos masivos que se están anunciando.

Porque una vez que se estos se produzcan, involucrarán la participación de las fuerzas de seguridad para evitar la escasez de bienes combustibles alimentos y otros bienes de la vida diaria de los habitantes de las grandes ciudades, lo que incrementa el riesgo de que la protesta escale, y se produzcan enfrentamientos graves.

Analistas locales advierten que esto podría deslegitimizar al actual gobierno, lo que llevaría a un camino de consecuencias devastadoras y que pondría al país al borde de una guerra civil.