Nicolás Maduro vuelve a presentarse ante la Justicia de Nueva York, con un interrogante especial: ¿quién paga?

Mientras tanto, el trasfondo sigue siendo explosivo. Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de la transición venezolana y Washington ya empezó a mover piezas para reordenar la relación con Caracas. Pero nada de eso borra lo central: en Nueva York no se discute gobernabilidad ni petróleo. Se discute si Maduro puede zafar de una causa que lo sienta, por segunda vez, en el banquillo de los acusados.

El otro problema que plantea este juicio es quién paga la defensa profesional del exdictador. La defensa de Nicolás Maduro quiere que fondos del Estado venezolano paguen a sus abogados en Estados Unidos, pero Washington bloqueó esa posibilidad a través del régimen de sanciones.

La estrategia de sus abogados es convertir ese freno financiero en un argumento judicial: sostienen que así se vulnera su derecho a elegir defensa y hasta buscan usarlo para intentar tumbar la causa. En el fondo, la pelea no es solo por honorarios: es por definir si Maduro puede seguir usando la caja del Estado para protegerse en un juicio personal.

De hombre fuerte a acusado de narcotraficante y terrorista

Nicolás Maduro y Cilia Flores vuelven este jueves a quedar frente a la Justicia de Estados Unidos en una audiencia clave del proceso que enfrentan en Nueva York. Pero, al menos por ahora, no se definirá si son culpables o inocentes, sino una pelea previa que puede marcar el tono de todo el caso: el intento de la defensa por tirar abajo el expediente antes de que llegue a juicio.

La discusión central pasa por la moción presentada por los abogados de Maduro y Flores, que sostienen que el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, interfirió en su derecho constitucional a defenderse al impedirles usar fondos del Estado venezolano para pagar sus honorarios. Según esa estrategia, Washington no solo persigue penalmente al exmandatario, sino que además le bloquea la posibilidad de sostener la defensa legal que eligió.

Del otro lado, la Fiscalía rechaza ese planteo y sostiene que no hubo violación de derechos. Por eso, el juez Alvin K. Hellerstein deberá resolver si ese argumento tiene peso suficiente como para afectar la continuidad del caso. En términos prácticos, tiene tres caminos: rechazar el pedido, aceptarlo - algo considerado poco probable - o buscar una salida intermedia.

El proceso, además, recién está en una etapa preliminar. Maduro y Flores ya se declararon no culpables en enero, después de haber sido trasladados a Estados Unidos tras su captura en Caracas. Ahora viene una fase mucho más larga y técnica: el intercambio de pruebas, la revisión de documentos, videos y testimonios, y las mociones previas al juicio. Todo eso puede demandar meses o incluso más de un año antes de que se piense en una fecha concreta para un eventual juicio oral.

Según especialistas citados en el artículo, el expediente promete ser enorme. La Fiscalía deberá entregar a la defensa todas las pruebas reunidas durante años de investigación, mientras que los abogados de los acusados también podrán desarrollar su propia pesquisa. Es decir: la audiencia de esta semana no cierra nada, apenas ordena el camino para llegar, en algún momento a una casi segura condena.

En ese contexto, la gran incógnita no es todavía si Maduro caerá o no por los cargos de narcoterrorismo y cocaína, sino cómo llegará a esa pelea judicial: con su equipo privado, con defensores públicos o con una solución intermedia que defina el tribunal. Y ahí está, por ahora, el verdadero nudo del caso: antes de discutir su culpa, Maduro pelea por no perder el control de su propia defensa.

¿Quién defiende a Maduro?¿Cómo se finanza?

En su momento, cuando el régimen chavista estaba muy asediado por EE.UU., Maduro tomó la decisión de enviar reservas venezolanas a GRan Bretaña. Pero le sirvió de poco porque por mecanismos internacionales, se le bloqueó el acceso a esas reservas. Ahora, preso en Nueva York, el tema económico de la defensa está nuevamente en el primer plano. ¿De dónde obtiene los fondos Maduro para pagar a su defensor?

Que no es uno cualquiera. Se trata del estudio de Barry J. Pollack, un penalista de alto perfil de Washington que también representó a Julian Assange, nada menos. Por eso, sus honorarios son altos y la duda está en cón qué dinero lo paga Maduro.

Maduro, que se sostiene a sí mismo como presidente de Venezuela, entiende que tiene derecho a usar los fondos de su país para el pago de los abogados. De hecho, Estados Unidos lo acusa por otros gravísimos cargos, pero no por "usurpar" el cargo de presidente.

El caso, además, deja una pregunta más filosa que jurídica: ¿dónde termina el Estado y dónde empieza el patrimonio político de un régimen que durante años confundió gobierno con propiedad? Esa frontera, en la Venezuela chavista, siempre fue borrosa. Y ahora esa lógica aterrizó en una corte de Nueva York.

Mientras tanto, el expediente sigue avanzando y el juez deberá resolver si esta pelea por los honorarios tiene peso real o si es apenas una maniobra para embarrar el proceso y ganar tiempo. En causas de este tipo, el reloj judicial también juega. Y a veces, desgasta más que una condena.

Porque al final del día, la discusión no es solo si Maduro tiene derecho a elegir abogados. La verdadera pregunta es otra: luego demhaber manejado un país como si fuera suyo, ahora también pretende que ese mismo país le pague la defensa en Nueva York.