El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta un pedido de juicio político impulsado por un sector de la oposición. Desde allí, reclaman su destitución basados en la reacción gubernamental desde que comenzó la protesta social el pasado 18 de octubre.
A Piñera se lo acusa de ser el responsable político por hechos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, además de haber comprometido “gravemente el honor de la nación” y de haber “infringido” la Constitución.
Por eso, este miércoles, a través de un abogado, Piñera presentó un escrito de 155 páginas a modo de defensa inicial.
En realidad, el documento rechaza de plano la acusación. La defensa del mandatario tiene cuatro ejes.
El primero dice que no cumple con el hecho de “ser excepcional” y que, en cambio, “se utiliza como arma de presión política en medio de una crisis, lo que configura un grave atentado contra la gobernabilidad”.
Uno de los temas centrales de la defensa de Piñera es que el pedido de juicio político “vulnera el debido proceso”. Se lo acusa de ser responsable de delitos que aún no han sido probados en los tribunales.
Otro de los reproches del gobierno al pedido de juicio político es que no se le imputa ningún acto contrario a la Constitución sino que “se basan en posibles omisiones”.
Finalmente, sostiene que el presidente utilizó un elemento previsto constitucionalmente como lo es “decretar el estado de emergencia”. Que no sea compartido por un sector de la oposición no es fundamento para pedir un juicio político, entiende la defensa de Piñera.
El argumento de mayor peso es que como presidente desplegó "todas sus atribuciones para prevenir cualquier violación a los derechos humanos y ante los casos denunciados, está habilitada la vía judicial para su denuncia y juzgamiento”.
Ahora, comienza la etapa de debate en la Cámara de Diputados, que el próximo jueves podría tener un dictamen a favor o en contra del pedido de juicio político.
