Sentencia

Amenazas a Sergio Massa y su familia: condenaron a los 10 imputados a tareas comunitarias

Los sospechosos se declararon culpables por haber difundido los números de teléfono del ministro de Economía y su esposa, Malena Galmarini.
Sergio Massa y Malena Galmarini habían sido amenazados en septiembre de 2020. (Foto: Archivo)

Sergio Massa y Malena Galmarini habían sido amenazados en septiembre de 2020. (Foto: Archivo)

Tras conocerse que los 10 imputados por la causa de múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, en 2020, se reconocieron culpables, el juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso de prueba.

Luego de que los acusados difundieran los números de teléfono del ministro y su esposa en las redes sociales, el tribunal resolvió una pena que incluye entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado hoy desde el entorno del ministro de Economía a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos", por montos que varían entre $20.000 y $200.000.

Esta es una causa impulsada por una denuncia realizada por el Ministro de Economía, que por entonces era el presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él y su familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, así lo informó hoy el comunicado.

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Sergio Massa fue quien impulsó la denuncia por amenazas. (Foto: Archivo).

Sergio Massa fue quien impulsó la denuncia por amenazas. (Foto: Archivo).

Los diez imputados deberán entregar sus celulares

Los diez identificaron por la justicia son: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.

A su vez la pena incluye que deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales y de las donaciones que contemplan diferentes valores.