El Senado comienza a debatir la reforma del Consejo de la Magistratura: ¿cuál es la propuesta del oficialismo?

Como anticipó A24.com, Cristina va a usar su poder de fuego para imponer el proyecto del Ejecutivo y mostrar que las propuestas del Gobierno de Alberto Fernández salen en el Senado. Va a ser una doble demostración de fuerza: por un lado, marcar que sostiene el control del Senado; por otro, que puede meter en agenda un tema que le interesa.

En todo caso, quedará expuesto que Sergio Massa no consiguió los votos en Diputados para convertir el nuevo Consejo de la Magistratura en Ley.

Lo interesante: para fundamentar el proyecto oficial se va a utilizar la base del discurso que en su momento pronunció Miguel Ángel Pichetto, cuando en 2005 defendió la reforma al Consejo que había propuesto Cristina Kirchner. Hoy Pichetto es uno de los líderes de la oposición.

“Esta institución es un cuerpo extraño en nuestra Constitución. Quizás llegue el momento de comprender y de madurar que este esquema es típicamente corporativo y tiene su origen en la Italia de Mussolini”, dijo Pichetto en aquel momento para explicar por qué no tenían que tener tanto peso en el Consejo las “corporaciones” de jueces y abogados.

¿Cuál es la postura del oficialismo frente a la reforma del Consejo de la Magistratura?

La decisión del oficialismo es avanzar con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la actual normativa que, en 2006, redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.

En ese sentido, es probable que, si obtiene despacho de ambas comisiones, el proyecto de ley sea debatido en el recinto a la semana siguiente.

En su fallo, los jueces le encargaron además al Congreso la sanción de una nueva ley que lo regule y le concedieron un plazo de 120 días corridos para que se elija a los nuevos miembros.

El fallo del 16 de diciembre del máximo tribunal definió que la composición no respeta el "equilibrio" de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse por 20 miembros, si la ley no se sanciona antes del próximo 14 de abril de 2022.

Senadores del oficialismo cuestionaron duramente ese fallo y el senador Oscar Parrilli, por ejemplo, dijo que la decisión del máximo tribunal no era "correcta" y que los jueces se "excedieron en sus facultades" porque "no deberían haber declarado la inconstitucionalidad estando la ley plenamente en vigencia".

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, por su parte, consideró que la decisión del Supremo Tribunal "roza el golpe institucional".

¿Cómo será la nueva conformación del Consejo de la Magistratura?

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.

La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.

De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.

Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D'Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.