Según detalló Angulo, el juez resolvió esperar esa definición antes de avanzar con el estudio, en contra de la postura del fiscal federal Sergio Mola, que se había pronunciado a favor de continuar con la medida.
La Justicia investiga facturas por unos US$500.000 a nombre del exintendente por presuntas asesorías y consultorías. (Foto: archivo).
El periodista también adelantó que los investigadores detectaron facturas a nombre de Insaurralde por un monto total cercano a los US$500.000, correspondientes a presuntas asesorías y consultorías. "Hay una nueva línea de investigación en la causa. Esa línea de investigación va a la pregunta y desde que dejó la función pública de qué vive Martín Insaurralde", planteó Angulo.
Los videos del vestidor y las medidas del nuevo juez
Las imágenes de Cirio rodeada de fajos de dólares se convirtieron en uno de los elementos centrales de la causa. Desde su incorporación al expediente, los registros fueron sometidos a distintas pericias para determinar su origen y autenticidad.
En agosto, un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que no era posible establecer esos datos porque los archivos habían perdido sus metadatos. Los especialistas aclararon que esa circunstancia no demuestra que los videos hayan sido manipulados.
Los videos grabados por Jesica Cirio muestran fajos de dólares en el vestidor. La defensa cuestionó su validez como prueba. (Foto: archivo).
Días después, un peritaje de la Policía Federal determinó que las imágenes habían sido filmadas en la mansión de Insaurralde en San Vicente. Durante la inspección del inmueble, los investigadores encontraron cajas de seguridad vacías, cámaras de vigilancia arrancadas y sectores de la propiedad que habían sido modificados.
La investigación tomó un nuevo impulso en septiembre, cuando Rodríguez Ponte asumió al frente del expediente y dispuso 29 medidas de prueba sobre el patrimonio de Insaurralde, Cirio y Clerici.
Entre ellas, ordenó profundizar la investigación sobre dos cuentas bancarias en Uruguay y solicitó información sobre sus movimientos desde la apertura hasta el cierre. También dispuso analizar alrededor de 100 teléfonos celulares para reconstruir llamadas, antenas y datos de geolocalización desde 2009.