Consejo de la Magistratura: dramática cuenta regresiva para conformar el órgano que nombra y remueve jueces
El Consejo de la Magistratura sigue corriendo detrás del límite de 120 días para conformar un nuevo cuerpo con 20 miembros, tal como ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de su composición actual, advirtiendo que superado ese plazo todos los actos dictados serían nulos.
A la vez que los consejeros se ocupan de cumplir con los pasos necesarios para mantener al organismo vigente, A24.com pudo saber que la verdadera apuesta es lograr que el Congreso vote una nueva Ley Orgánica que lo libere de este laberinto.
Este lunes se reunirá el plenario del Consejo para terminar de discutir el reglamento de la elección de las abogadas que completarán su integración, hasta que finalice el período en noviembre de este año. En cuanto a la representación de los magistrados, en la última sesión aprobaron el reglamento para la elección de una consejera jueza. Luego quedaría pendiente que el Parlamento nombre a sus representantes, del mismo modo que deberá hacerlo el ámbito científico.
En este punto, es válido recordar que la estructura dispuesta por el Máximo Tribunal, debe considerar la Ley 24.937 (según el texto de la Ley 24.939), por lo que antes del 16 de abril el Consejo de la Magistratura debería quedar conformado por 19 delegados, más el presidente de la Corte Suprema. Es decir: 4 jueces de cámara y de primera instancia, 8 legisladores -4 Senadores y 4 Diputados-, 4 abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo, y 2 académicos.
El cuerpo ya tiene 13 miembros cuyo período vence en 10 meses, y ahora están tramitando a toda velocidad la selección de otros 6 para respetar la decisión de los cortesanos. Esto significa que en la medida que el Poder Legislativo siga sin sacar una nueva Ley Orgánica, el Consejo deberá incorporar a un juez/a, un senador/a, un diputado/a, dos abogados/as y un profesor/a titular de cátedra universitaria de facultades de derechos nacionales con reconocida trayectoria.
Por el apuro, el Consejo habilitó la feria y viene encontrándose virtualmente todas las semanas de enero para resolver los mecanismos de llamado a elecciones en cada uno de los sectores representados. Incluso una de las asociaciones de abogados, el Colegio Público de la Capital Federal (CPACF), postuló que el organismo solicite a la Corte una breve prórroga para el cumplimiento del fallo. Según dice la nota firmada por el presidente de esa entidad, Eduardo Awad, el tiempo dispuesto para “realizar los comicios es innegablemente exiguo e insuficiente".
Sin embargo, fuentes ligadas al Alto Tribunal le dijeron a A24.com que hasta que comenzó el receso de verano, nadie solicitó formalmente pedidos de cambios en la sentencia, y, además, detallaron que un planteo así no sería procedente, salvo que se tratara de un recurso de aclaratoria o un error material. Precisaron que el artículo 166 del Código Procesal señala que “las sentencias de la Corte no son susceptibles de ser modificadas”, por lo tanto no habría chances de estirar el plazo de 120 días.
Mientras en el Consejo debaten como seleccionar a sus nuevos integrantes para cumplir el fallo de la Corte, también ponen la atención en el Congreso esperando que dicte una nueva ley. Como su aprobación requiere una mayoría especial, oficialismo y oposición necesitarán llegar a un acuerdo que facilite su tratamiento.
El gobierno tiene previsto incorporar esta cuestión en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias de febrero. El proyecto que presentó en el Senado a fines del año pasado, propone llevar de 13 a 17 el número de consejeros, incorporando perspectiva de género y sumando 2 abogados, un juez y un miembro del ámbito académico. Desde la oposición, se destaca la iniciativa del diputado Pablo Tonelli, que propuso una composición de 14 miembros con un representante de la Corte, 3 jueces, 4 legisladores, 4 abogados de la matrícula federal, un delegado del Poder Ejecutivo, y un representante del ámbito académico.
Además, establece que estos delegados no integren el cuerpo que representan, sino que sean designados para que cumplan esta tarea exclusivamente. Deberían ser todos abogados y cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para ser juez de primera instancia.
Por otro lado, desde el radicalismo se plantearon dos proyectos para debatir desde la Cámara Baja. El diputado Mario Negri ideó llevar a 20 miembros el Consejo, y el formoseño, Fernando Carbajal, propuso reducir el número a 7. No obstante, recién podrían discutir estas iniciativas en sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo.
Como sea, quedan poco más de tres meses para resolver este dilema que pone en riesgo la vitalidad del Consejo de la Magistratura, cuya función es ocuparse de seleccionar mediante concursos públicos las ternas de postulantes a jueces, sancionar o remover magistrados, administrar el presupuesto de justicia, y dictar los reglamentos relacionados con la organización.
