A su vez, el magistrado requirió al gobierno bonaerense que le entregue la computadora que usó la exmandataria y el resto de los exfuncionarios que están bajo la lupa.
Por ahora la carátula del expediente analiza si se violó la ley de inteligencia , y si para concretarlo se conformó una asociación ilícita, integrada por funcionarios que para alcanzar sus propósitos, falsearon documentos públicos o abusaron de su autoridad.
La trama política de la "Gestapo" sindical
La trama política del caso se desarrolla en la Legislatura Bonaerense y el Congreso, con el oficialismo dirigiendo su hipótesis contra la ex gobernadora Vidal y el ex presidente Mauricio Macri, y pidiendo la destitución del Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.
Desde la comisión bicameral de Inteligencia del Parlamento Nacional enviaron una citación al jefe de los fiscales bonaerense, aunque según pudo saber A24.com aún no se notificó oficialmente. Lo esperan el martes para que de modo presencial declare ante la subcomisión integrada por los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el radical Miguel Bazze.
En el Congreso, el oficialismo tiene dudas acerca de si el Procurador asistirá o buscará evadir la convocatoria. En este sentido, el diputado Tailhade, advirtió que si no se presenta, su ausencia será un nuevo elemento para tomar en cuenta en el pedido de juicio político que aún está pendiente en la Legislatura provincial.
Ese mismo día por la tarde, la subcomisión investigadora realizará una inspección ocular en el séptimo piso de la Casa Central de Banco Provincia en Capital Federal, el lugar donde se concretó la reunión que abrió el caso GESTAPO.
Por el lado de la Legislatura bonaerense, el bloque de diputados oficialista enfrenta el desafío de conseguir el quórum para sesionar en pleno, y obtener el respaldo que le permitiría conformar una comisión investigadora. Si logra esa aprobación, se iniciaría un nuevo expediente dónde volverían a desfilar todos los involucrados en el vídeo, con el fin de reunir elementos para acusar formalmente al Procurador.
Si prosperara ese objetivo, luego debería ser aprobado por las dos terceras partes de la Cámara Baja provincial, para que pase el Senado, dónde se resolvería en juicio político una eventual remoción de Conte Grand. Sin embargo, por el momento, el Frente de Todos no tiene el número de manos alzadas necesario para echar al Procurador.
La razón por la que el gobierno lo coloca bajo sospecha es que en la filmación aportada por la AFI, uno de los asistentes a la reunión advirtió -sin mencionar nombres- que contaban con el aval del Procurador para pescar in fraganti al dirigente de UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina.
Esta investigación se inició con la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata. Se basa en el video que muestra el desarrollo de una reunión en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, el 15 de junio de 2017, de la que participaron el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Adrián Grassi, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destéfano, el exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Dario Biorci, y la oficina del actual intendente de La Plata, Julio Garro. También hay empresarios ligados a la construcción: el director general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata, Marcelo Jaworski; el representante del Grupo Ocsa y la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Alconada; el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto; el vicepresidente 1° de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO), Jorge Oscar del Río; el presidente de Agrineco, Fabián Cusini; el director de ACIP, Fernando Sacrachi; y el director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción, Bernardo Zaslascky.
La fiscal federal Ana Russo espera determinar si los presentes en la reunión cometieron delito, pero también si hubo participación de otros integrantes del macrismo. Si surgen pruebas en este sentido, ya anticipó que planea solicitar la indagatoria de quienes queden al alcance de la sospecha.
