Los plazos de la justicia corren a menudo por un carril más lento al del dolor urgente que producen los hechos que debe esclarecer, lo que resulta una desavenencia de la que no se escapa el caso del presunto gatillo fácil que mató a Lucas González.
Los plazos de la justicia corren a menudo por un carril más lento al del dolor urgente que producen los hechos que debe esclarecer, lo que resulta una desavenencia de la que no se escapa el caso del presunto gatillo fácil que mató a Lucas González.
A pesar del reclamo de su familia, sus amigos y la opinión pública, los tres policías porteños involucrados, permanecieron en libertad 4 días, hasta que este sábado el juez en lo Criminal y Correccional 7, Martín Del Viso, ordenó su detención.
El inspector Gabriel Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas se entregaron a la justicia y quedaron alojados en una sede de la Policía Federal. Están imputados por homicidio agravado por ser miembros de las fuerzas de seguridad, abusando de sus funciones.
El magistrado libró la orden a pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien junto con el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Andrés Heim, habían solicitado los arrestos, porque consideraron que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. Este planteo lo presentaron apenas unas horas después de que recibieron las actuaciones, que hasta ese momento habían estado en manos de la justicia de menores.
A todo esto, el informe preliminar de la autopsia del cuerpo de Lucas González reveló una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo, lo que le produjo una hemorragia meningoencefálica.
A24.com recorrió Tribunales intentando recopilar el paso a paso de la causa, y así pudo averiguar que mientras Lucas peleaba por su vida, en el comienzo hubo un debate sobre la jurisdicción que le correspondía al caso, luego se hizo cargo el juzgado de menores que descubrió que los chicos no debían estar retenidos, resguardó la prueba, la fiscalía solicitó la detención de los efectivos, el magistrado no hizo lugar (aunque les prohibió la salida de país) y, finalmente se declaró incompetente. El expediente pasó al juez Del Viso que terminó ordenando la detención de los policías de la ciudad.
En el dictamen del juez de menores Alejandro Cilleruelo quedaron expuestas las idas y vueltas que se registraron en el inicio del sumario: “Este tribunal toma efectiva intervención en la causa luego de que la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires se negara a hacerlo”.
El juzgado de menores número 4 procedió -según expresó- “con el claro objeto de preservar la prueba que pudiera servir para desentrañar la verdad de lo ocurrido, con independencia de cuál fuera en última instancia el tribunal competente”.
Para Cilleruelo le correspondía ocuparse a “la justicia de la ciudad (en función de los eventuales delitos que los policías involucrados decían habían cometido las personas menores de edad por ellos involucradas) o la justicia de mayores (si es que el supuesto enfrentamiento no devenía tal -como todo parece indicar- y los únicos y verdaderos imputados en autos resultaban los policías)”.
Lo cierto es que ante la flagrancia, el magistrado junto con el Ministerio Público Fiscal (MPF) instruyó la causa con la primera hipótesis que presentó la policía en consulta telefónica, donde advertían que habían sido apuntados “por un arma que aparentaba ser de fuego, dándose el rodado a la fuga e iniciándose los disparos por parte de los uniformados”.
Intervino la fiscal de menores María Florencia Poggi, quien fue una de las primeras en advertir lo que ocultaban los efectivos de la brigada. Tras revisar las cámaras y obtener el testimonio de los jóvenes solicitó la detención de los tres policías involucrados. No obstante, el juez sólo hizo lugar al pedido de prohibirles la salida del país, y se declaró incompetente.
A favor de Lucas y sus amigos consideró que no se configura el delito de resistencia a la autoridad ni atentado a la autoridad, porque de la pesquisa “no surge que el accionar del personal policial haya sido una actuación clara para que las personas a quien iba dirigida la orden de detención pudieran circunscribirse y actuar conforme ella”, es decir que los policías no se identificaron como tales ante los jóvenes.
Agregó que “La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual no partió agresión de ninguna naturaleza”.
En este sentido, el magistrado completó que “los chicos (...), a mi entender, y con la prueba que dispongo, fueron víctimas”.
La causa pasó al Juzgado de Martín Di Salvo, que delegó el sumario al fiscal Gómez Barbella. Con las detenciones de los sospechosos, las siguientes disposiciones serán tomar las indagatorias a los policías, que declaren como testigos los amigos de Lucas, y esperar los resultados de las pericias que podrían recibir a mediados de semana.
Las pericias las efectúa la Policía Federal. Incluyen el análisis de las armas, proyectiles, vainas y objetos hallados en la escena del crimen por la división Científica. Además el dermotest, para verificar quién disparó a través de la existencia de plomo, bario y antimonio en la palma de las manos.
A su vez, la visualización de los videos registrados en las cámaras de seguridad, la evaluación de los disparos que impactaron en el Volkswagen Suran en el que viajaba Lucas con sus amigos, y también el revólver de juguete, que habría sido “plantado".
La justicia detalló que el material incautado consiste en 3 armas 9 mm: una pistola marca Pietro Bereta, con cartucho en recámara y diez cartuchos en almacén perteneciente al Oficial Mayor Fabián Andrés López; una pistola marca Pietro Beretta, con cartucho en recámara y trece en cargador del Inspector Gabriel Isassi,y una pistola marca Bersa, con cartucho en recámara y catorce cartuchos en cargador del Oficial Nieva.
A su vez, secuestraron un fragmento de plomo hallado en el asfalto, y 5 vainas servidas. Constataron cuatro posibles disparos de arma de fuego sobre el parabrisas, en la ventanilla de la puerta trasera, y en el respaldo del asiento delantero -de donde se extrajo un plomo de proyectil -, sobre el guardabarros trasero y sobre la vereda. Asimismo, anunció que el martes interpondrá un pedido de juicio político contra el juez de menores Alejandro Cilleruelo por dejar a los sospechosos.
En cuanto a las pertenencias de Lucas, tienen un par de zapatillas blancas, una remera negra, una par de aros, un par de medias, un short de color negro, un calzoncillo azul y el encamisado de proyectil similar a esquirla de bala.
Desde que estalló la evidencia de que el crimen de Lucas González corresponde a un hecho de gatillo fácil, el ministro de Seguridad de la ciudad pasó a disponibilidad a los policías involucrados, y solicitó a la justicia “medidas urgentes” respecto de su situación procesal.
Los especialistas consultados por A24.com coincidieron en que la actuación de los policías plantea muchas irregularidades, por perseguir a Lucas y al resto de los chicos en un vehículo sin identificar, sin patente trasera, ni baliza móvil, ni sirena. Aparte los testigos contaron que los adolescentes venían de entrenar en el club Barracas Central, pararon en un kiosco a comprar un jugo, y al verse amenazados por los tres hombres armados creyeron que los estaban asaltando.
El abogado defensor de los policías, Alfredo Oliván, pospuso establecer una hipótesis sobre lo sucedido porque primero quiere ver que determina la investigación acerca de quién disparó y en qué contexto. Por otro lado, señaló que Isassi, López y Nievas “estaban en misiones que les dio el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires por ilícitos vinculados al comercio de estupefacientes”.
Por su parte, Gregorio Dalbón, como representante de los papás de la víctima, remarcó que trabajará con toda la ira para que reciban condena los culpables de este caso de violencia institucional. Enfatizó que los imputados no son policías sino asesinos que trabajan de policías.