Poder Judicial

Reacciones en la Justicia ante la nueva avalancha de críticas del Gobierno

El oficialismo lanzó acusaciones contra la Corte Suprema y el Procurador bonaerense. Además, impulsó una nueva reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinan en Tribunales?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
El oficialismo decidió incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces

El oficialismo decidió incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias (Foto: Telam).

 

En una reedición de la ofensiva que viene haciendo el Gobierno contra la justicia, esta semana se registraron al menos tres episodios que motivaron nuevas reacciones. Por un lado, la visita del ministro Martín Soria a la Corte Suprema, en la que reclamó “que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos”. Por otro, el envío al Senado de un proyecto de ampliación de la cantidad de miembros en el Consejo de la Magistratura, cuando se presume que la Corte está a punto de declarar la inconstitucionalidad de su composición actual de 13 integrantes. Y por último los cuestionamientos al Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, por almorzar con el expresidente Mauricio Macri.

Ante estos hechos, A24.com registró que en los tribunales hay coincidencia en calificar a la situación como una nueva intervención contra la independencia del poder judicial.

Para algunos son embates menores, que forman parte de “una encomienda política”. En esa línea opinaron que el ministro Soria “pidió audiencia a la Corte 8 meses más tarde de asumir, para cumplir con el propósito de deslegitimar cualquier decisión que pudiera resultar adversa al oficialismo”.

Con una opinión más severa, en Comodoro Py otros juzgaron las críticas de Soria ante los cortesanos como una “provocación de un funcionario incompetente”.

Del mismo modo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) le pidió al presidente Alberto Fernández “que no se realicen manifestaciones contra la Justicia en su conjunto, cuya independencia es base fundamental del sistema constitucional de la República”.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura postergó concursos para postular jueces federales, que podrían ocupar cargos clave en la Sala 1 de la Cámara Federal, como reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, o hacerse cargo de los juzgados que dejaron vacantes Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral.

La reunión de Soria con la Corte Suprema

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La reunión del ministro de justicia con la Corte Suprema se inscribe como parte del protocolo de convivencia y cooperación entre ambos poderes. No obstante, fue el propio Martín Soria quien expresó en redes sociales que se juntó para expresar su “preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la mesa judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

Agregó que “la propia Corte tiene una crisis interna de funcionamiento que atenta contra su legitimidad”. En media hora descargó contra la mesa judicial del macrismo, las visitas de jueces a la Casa Rosada y a la Residencia de Olivos, el espionaje ilegal, y las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, diseñadas por el ahora prófugo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.

No demoró en salir al cruce la AMFJN, que a través de un comunicado le reclamó a Soria que respete el límite que impone al Ejecutivo el artículo 109 de la Constitución Nacional: “no es admisible que se diga por mensajes oficiales en redes sociales que una crisis de funcionamiento de la Corte atenta contra su legitimidad. Ello cuando se encuentra vacante desde hace años la Procuración General de la Nación, desde hace meses una vocalía en la Corte Suprema, y endémicamente varios centenares de magistraturas judiciales y del Ministerio Público, con concursos realizados con total transparencia y órdenes de mérito minuciosos que deben ser tenidos en cuenta”.

La interna en la Corte Suprema

Fuentes de A24.com consideraron relevante que esta reunión se haya producido “justo cuando se forma un bloque con 3 miembros de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) que se independiza de Ricardo Lorenzetti”.

Es preciso señalar, que el mismo día que escuchó la lista que revelaba la disconformidad del oficialismo, la Corte firmó un falló a favor de la provincia de Santa Fe, en el que ordenó al gobierno nacional a devolver casi 86 mil millones de pesos por deudas pendientes.

Simultáneamente, el gobierno envió a la Cámara Alta un proyecto para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Esta propuesta surge al tiempo que se espera que la Corte Suprema resuelva un planteo de inconstitucionalidad contra la composición actual, porque no estaría respetando el equilibrio de representatividad en el organismo que administra los fondos destinados a la justicia, y selecciona y controla a los jueces.

Un eventual fallo de la Corte, sería la definición de un juicio iniciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que si el Máximo Tribunal resuelve impugnar la estructura del Consejo, quedaría pendiente saber si definirá un plazo para reordenarlo, o lo intervendrá hasta que eso suceda.

El proceso se inició en el 2006, cuando el Parlamento redujo de 20 a 13 el número de consejeros con el fundamento de agilizar su tarea. En consecuencia, abogados y judiciales perdieron delegados. Ahora, el Ejecutivo propuso que el Consejo de la Magistratura quede integrado por 17 personas, con cuatro magistrados del Poder Judicial, seis representantes del Poder Legislativo, cuatro de los abogados con matrícula federal, uno del Poder Ejecutivo, y dos del ámbito académico y científico.

Al anunciar la iniciativa, la portavoz Gabriela Cerrutti sostuvo que el gobierno aspira a tener una representación más equilibrada que favorezca a recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia.

La foto de Macri con Conte Grand

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El otro punto de conflicto que asomó la semana pasada fue a raíz de una foto que expone al expresidente Mauricio Macri almorzando en un restaurante de zona norte con el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Desde el oficialismo calificaron el encuentro como un hecho de “gravedad institucional”. El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, sostuvo que este tipo de reuniones "son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población".

En rigor, las causas por las que hasta ahora está imputado o procesado Macri corresponden al fuero federal, donde no tiene injerencia el jefe de los fiscales de la provincia. Más allá de las opiniones que pudiera despertar este vínculo, formalmente no existen motivos para aplicar sanciones.

A24.com averiguó que Conte Grand asistió a la comida invitado por el exmandatario, quien lo buscó para contarle que está elaborando un proyecto en la Fundación FIFA para dentro de unos años, al que le ofreció sumarse como coordinador de asuntos jurídicos. La respuesta de Conte Grand fue que -por ahora- no podía pensar en la propuesta porque está dedicado a la Procuración.

Conte Grand conoce a Macri de la época en que era jefe de gobierno porteño, y él ocupaba el cargo de Procurador de la Ciudad. Los presentó su amigo personal Emilio Monzó. Luego Maria Eugenia Vidal cuando fue gobernadora provincial lo nombró como su secretario legal y técnico, y al año lo propuso como jefe de los fiscales, cargo al que accedió con acuerdo de la Legislatura bonaerense.

Para el entorno cercano a Conte Grand, “las críticas que salen de una parte del oficialismo están tiradas de los pelos porque confunden competencias, y a su vez ofrecen la oportunidad de “demonizar todo lo que se acerca a Macri”.

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