En tanto, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales sostuvo que inició un sumario informativo interno con el fin de reunir antecedentes y determinar posibles responsabilidades en el marco de su competencia administrativa. En su comunicado, la institución reafirmó “el compromiso y la responsabilidad institucional con la temática de las violencias por razones de género”, y remarcó que todas las medidas adoptadas se ajustan al protocolo vigente.
La situación tomó mayor trascendencia pública cuando comenzó a circular en redes un fragmento de una entrevista del Doctor Chinaski en el programa “La barbería de Choy”, un espacio de streaming en el que el profesional realizó declaraciones consideradas sexistas y altamente inapropiadas. En ese segmento, Pérez expresó:
“Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”.
El tono y contenido de sus palabras desataron una avalancha de críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios —entre ellos colegas, psicólogas, docentes y estudiantes— repudiaron sus dichos por banalizar el vínculo terapéutico y reproducir estereotipos machistas dentro del ejercicio profesional.
A partir de ese momento, la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas emitió un comunicado en el que señaló haber recibido una ola de mensajes y testimonios de mujeres que relataron haber pasado por situaciones incómodas o inapropiadas con el mismo profesional. “Esta ola de testimonios y denuncias empezó con un psi ‘influencer’ y sus aberrantes declaraciones, celebradas por quienes lo convocan a sus programas”, expresaron desde la Red en sus plataformas digitales.
El comunicado añadió que el caso de Pérez refleja “la naturalización de la violencia simbólica y del abuso de poder en espacios académicos y terapéuticos”, e instó a los organismos profesionales y universitarios a revisar sus mecanismos de control ético.
Por su parte, diferentes agrupaciones feministas y centros de estudiantes de psicología en universidades públicas del país se pronunciaron en contra del psicólogo rosarino, solicitando su suspensión en los espacios docentes y una investigación profunda de su matrícula profesional. En algunos comunicados se lo señaló directamente como “un exponente de la misoginia enmascarada de discurso académico”, y se pidió que los medios de comunicación dejen de invitarlo a programas de difusión masiva.
Un psicólogo con proyección mediática
Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski, es licenciado en Psicología y se presenta como psicoanalista, docente y comunicador. Su nombre artístico proviene del alter ego del escritor Charles Bukowski, una figura literaria asociada a la provocación y al cinismo. Con esa impronta, Pérez logró construir una imagen de “psicólogo irreverente” en redes sociales, donde combina humor, análisis cotidiano y reflexiones sobre vínculos humanos.
En su cuenta de Instagram, que supera los 300.000 seguidores, promociona sus podcasts “El consultorio del Dr. Chinaski” y “Bardo en el Aire”, además de sus funciones teatrales que realiza en distintas ciudades del país. Allí aborda temas de salud mental desde un enfoque informal y en ocasiones polémico, apelando a un tono sarcástico que, según sus críticos, trivializa los procesos terapéuticos y banaliza los conceptos psicoanalíticos.
Pérez también ha participado como invitado en programas radiales y televisivos, entre ellos los conducidos por Matías Martín, Mex Urtizberea y Elizabeth “La Negra” Vernaci, lo que le otorgó una notable visibilidad mediática. Hasta antes del escándalo, su perfil era seguido por jóvenes interesados en psicología, estudiantes universitarios y usuarios atraídos por su estilo “sin filtro”.
Sin embargo, tras la difusión del fragmento del programa “La barbería de Choy”, su reputación comenzó a desplomarse. Decenas de pacientes y exalumnas comenzaron a relatar experiencias personales en redes, muchas de ellas describiendo conductas ambiguas, comentarios fuera de lugar y un uso abusivo de su posición profesional.
Mientras tanto, los organismos de control profesional, como los colegios de psicólogos de Rosario y Entre Ríos, informaron que evalúan la apertura de expedientes disciplinarios. En declaraciones a medios locales, una representante del Colegio de Psicólogos de Rosario afirmó que “si se comprueban faltas éticas graves, el profesional puede ser sancionado o incluso inhabilitado”.
La respuesta institucional
Desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos, las autoridades insistieron en la importancia de respetar los procesos administrativos en curso y evitar prejuzgar antes de que la investigación avance. Sin embargo, el clima interno en la facultad es de conmoción y preocupación.
Docentes y estudiantes convocaron en los últimos días a una asamblea abierta para debatir sobre las políticas de prevención de violencia de género dentro de la universidad y para exigir mayor transparencia en la gestión del caso. En redes sociales, circulan consignas como #FueraChinaskiDeLaUADER y #NoEsUnCasoAislado, reflejando el malestar y la indignación de una parte importante de la comunidad académica.
Al cierre de esta edición, el Ministerio Público Fiscal continúa recabando información para determinar si existen hechos concretos configurables como delitos sexuales o si las conductas denunciadas se limitan al ámbito de la ética profesional. De comprobarse responsabilidades penales, Pérez podría enfrentar cargos por acoso o abuso sexual simple, delitos que en Argentina contemplan penas de prisión.
Mientras tanto, la discusión pública sigue abierta: ¿hasta qué punto las redes sociales deben ser escenario de denuncia? ¿Cuál es el límite entre la exposición mediática y la responsabilidad profesional?
El caso del Doctor Chinaski no solo interpela a la justicia, sino también al mundo académico, a los medios de comunicación y a la propia comunidad terapéutica, que debe revisar de manera profunda sus estructuras de poder y los vínculos que habilitan los abusos encubiertos bajo discursos intelectuales o mediáticos.
El desenlace judicial aún está por verse, pero lo cierto es que el caso ya marcó un antes y un después en la conversación pública sobre ética profesional, violencia simbólica y responsabilidad institucional.
