La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una decisión clave en las últimas horas. El fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano, resolvió que el fiscal Raúl Garzón continúe al frente no solo de la causa por el crimen de la adolescente, sino también del expediente que involucra a Claudio Barrelier por una denuncia de privación ilegítima de la libertad ocurrida en 2025, un antecedente que hoy vuelve a quedar bajo la lupa.
Córdoba
Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón concentrará todas las causas contra Claudio Barrelier
Raúl Garzón seguirá al frente de la investigación sobre el femicidio de la menor y sumará el antecedente que está en la oficina de Iván Rodríguez.
Raúl Garzón, el fiscal del femicidio de Agostina Vega. (Foto: gentileza La Voz).
La medida implica que ambas investigaciones quedarán unificadas bajo la órbita de Garzón, quien ya imputó a Barrelier por homicidio calificado por mediar violencia de género tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega. La adolescente estuvo desaparecida durante siete días hasta que su cuerpo fue encontrado desmembrado el sábado pasado.
La decisión de Lezcano también alcanza al expediente que hasta ahora estaba en manos del fiscal Iván Rodríguez. Se trata de una causa iniciada en mayo de 2025, cuando Barrelier fue detenido e imputado por la presunta privación ilegítima de la libertad de otra adolescente.
Aquella investigación tuvo como escenario la misma vivienda ubicada en Del Campillo 878, en barrio Cofico, señalada ahora como uno de los lugares vinculados al femicidio de Agostina.
Sin embargo, tras permanecer 20 días detenido, Barrelier recuperó la libertad por decisión judicial. Esa resolución quedó en el centro de las críticas luego de que el acusado fuera nuevamente detenido por el crimen de la adolescente.
Desde el punto de vista procesal, existía la posibilidad de un conflicto de competencia entre fiscalías. Inicialmente, la nueva causa podría haber sido remitida a Rodríguez debido a que ambas investigaciones compartían una calificación legal similar en sus primeros pasos: privación ilegítima de la libertad.
No obstante, la gravedad del caso de Agostina Vega modificó el escenario. En la Fiscalía General consideraron que debía prevalecer el expediente por femicidio y que la acumulación de ambas causas permitiría avanzar con mayor rapidez y sin duplicar actuaciones.
La decisión fue respaldada por sectores del Ministerio Público Fiscal que consideran prioritario evitar que la investigación vuelva a comenzar desde cero en otra fiscalía.
Las internas en la Justicia por el manejo del caso
La resolución no estuvo exenta de polémicas. Dentro del Ministerio Público Fiscal surgieron cuestionamientos porque el protocolo del fuero especializado en violencia de género establece que este tipo de investigaciones deberían tramitar en fiscalías específicas para delitos vinculados a violencia contra las mujeres.
Las críticas también alcanzan a Iván Rodríguez, cuya actuación volvió a ser observada debido a la decisión que permitió la liberación de Barrelier en 2025.
El antecedente que reabrió el debate sobre las causas de violencia de género
El caso de Claudio Barrelier comenzó a ser comparado con otro expediente que generó fuerte impacto institucional: el del doble femicida Pablo Rodríguez Laurta.
En aquel caso, la fiscal Jorgelina Gutiez quedó bajo investigación luego de haber dispuesto medidas alternativas para un acusado que más tarde fue señalado por los asesinatos de Luna Giardina, Mariel Zamudio y el remisero Martín Palacio.
El reclamo por más fiscalías especializadas
La causa Agostina Vega también expuso una problemática que desde hace años señalan distintos sectores judiciales: la insuficiencia de recursos especializados para abordar todas las denuncias por violencia de género.
Aunque Córdoba cuenta con estructuras específicas como el Polo de la Mujer, unidades judiciales especializadas y fiscalías dedicadas a este tipo de delitos, los recursos disponibles no alcanzan para absorber la totalidad de los casos que ingresan al sistema.
Tras los casos de Rodríguez Laurta y Barrelier, crece dentro del Poder Judicial la postura de que todas las denuncias vinculadas a violencia de género, incluso aquellas que inicialmente parecen de menor gravedad, sean derivadas desde el comienzo a fiscalías y equipos técnicos especializados.
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