El tío fue más allá y describió la distancia que, según él, existe entre los adultos y las actividades delictivas que algunos jóvenes llevan adelante en determinados barrios: “Los jóvenes no le cuentan nada a los grandes”. Con esta frase, buscó dejar en claro que no tenía conocimiento de la participación de su sobrino en hechos graves, ni relación con los grupos que están en la mira de la Justicia por su posible rol dentro de estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico y la violencia urbana.
Uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones fue su explicación sobre por qué no se presentó voluntariamente ante las autoridades. “Es un trámite medio engorroso. Lo que harían es que dejara de trabajar, no podría ver a mi familia y tengo que llevar a mis hijos al colegio. Dependo de muchas cosas”, explicó, intentando justificar su decisión de permanecer al margen de la causa, al menos por el momento.
En otro tramo de la entrevista, Valverde Rodríguez agregó: “Si me presento me llevan a penal, y tienen que iniciar el proceso. No conozco a nadie en Argentina. Solo estuve de paseo allí. Debería tratar de buscar, pero es medio difícil. Por eso hablo al canal para tratar de buscar ayuda”. Sus palabras reflejan un escenario en el que las ramificaciones del caso exceden las fronteras locales, abriendo la posibilidad de que existan conexiones con personas que no residen de manera estable en el país, lo que podría complicar aún más la pesquisa.
La investigación por el triple crimen se desarrolla en un contexto de tensión creciente entre las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y los distintos actores sociales que reclaman justicia por Brenda, Morena y Lara. Las tres jóvenes fueron halladas sin vida en un operativo que destapó una trama oscura, donde se entrelazan rivalidades barriales, negocios ilícitos y posibles ajustes de cuentas, elementos que el fiscal Arribas busca ordenar para llevar el caso a juicio con un marco probatorio sólido.
La confirmación de las futuras prisiones preventivas marca un punto de inflexión. Hasta ahora, los detenidos estaban bajo investigación, pero sin una definición judicial firme sobre su situación procesal. Con esta nueva etapa, se buscará dar un marco legal más contundente a las acusaciones, evitando fugas y asegurando que los sospechosos permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso.
En paralelo, la comunidad de Florencio Varela permanece en estado de conmoción. Los familiares y allegados de las víctimas han realizado múltiples movilizaciones en los últimos días, exigiendo que se haga justicia y que no haya impunidad. “No queremos que esto quede en la nada. Que los responsables paguen por lo que hicieron”, expresó una de las amigas de Brenda durante una de las marchas que se llevaron a cabo frente a la fiscalía.
La presión social no es menor: el caso adquirió amplia repercusión mediática y se convirtió en uno de los hechos policiales más comentados del año en la región. Las autoridades son conscientes de que cada paso que den será observado de cerca, tanto por la prensa como por los vecinos, que piden respuestas claras y avances concretos.
El rol de “Pequeño J” aparece como uno de los ejes más complejos del expediente. Según trascendió, se trataría de un joven con antecedentes por delitos menores, vinculado a grupos que operan en el barrio con lógica delictiva, aunque su participación exacta en el triple crimen aún se investiga. Los dichos de su tío, en este contexto, cobran especial relevancia: no solo buscan desligarlo de una organización narcocriminal, sino también presentarlo como un “delincuente común”, una distinción que podría tener impacto en la imputación que finalmente se le asigne.
La decisión de volver a indagar a todos los detenidos responde a la necesidad de esclarecer roles y responsabilidades individuales, en un expediente que ha crecido en volumen y en cantidad de imputados a medida que se suman pruebas, testimonios y reconstrucciones de los hechos. Las próximas audiencias serán clave para determinar quiénes participaron directamente en el asesinato de las tres jóvenes y quiénes actuaron como encubridores o facilitadores.
A nivel judicial, la prisión preventiva es una herramienta central para asegurar que los imputados no entorpezcan la investigación ni se fuguen. Una vez dictadas, los abogados defensores tendrán la posibilidad de apelar, lo que abriría una nueva etapa procesal. Mientras tanto, la fiscalía trabaja en afinar la teoría del caso, consolidar pruebas materiales y testimoniales, y preparar un expediente robusto para enfrentar un eventual juicio oral que podría extenderse durante varios meses, dada la complejidad de la trama.
En este marco, la figura de Adrián Arribas emerge como pieza clave en la conducción de una de las investigaciones más sensibles de los últimos tiempos en la justicia bonaerense. Su decisión de reconfigurar las imputaciones sugiere que el caso podría dar un giro importante en las próximas semanas, con nuevas detenciones, ampliaciones de cargos y una definición más clara sobre las motivaciones y los autores intelectuales del crimen.
Mientras tanto, la comunidad espera. Las familias de Brenda, Morena y Lara aguardan respuestas que les permitan comenzar a cerrar un capítulo marcado por el dolor y la incertidumbre. “Queremos justicia y verdad. No descansaremos hasta que todos los responsables estén presos”, reiteraron los familiares en la última vigilia organizada en la plaza central del barrio.
La próxima semana será decisiva. La dictación de las prisiones preventivas podría marcar un antes y un después en la investigación. Lo que empezó como un caso con pocos sospechosos hoy involucra a más de una docena de personas, y el expediente continúa creciendo. Cada declaración, cada prueba, cada movimiento judicial puede redefinir el curso de un proceso que, por su gravedad, mantiene en vilo a todo Florencio Varela y a buena parte de la opinión pública.
