La investigación por el brutal asesinato de Marta Azucena Migliorini, una jubilada de 67 años, continúa avanzando en la provincia de Tucumán y ya tuvo sus primeras definiciones judiciales. En las últimas horas, la Justicia resolvió dictar cinco meses de prisión preventiva para cuatro de los principales acusados, mientras que un adolescente de 17 años permanecerá alojado en un instituto especializado para menores hasta que avance el proceso penal en su contra.
La investigación por el brutal asesinato de Marta Azucena Migliorini, una jubilada de 67 años, continúa avanzando en la provincia de Tucumán y ya tuvo sus primeras definiciones judiciales. En las últimas horas, la Justicia resolvió dictar cinco meses de prisión preventiva para cuatro de los principales acusados, mientras que un adolescente de 17 años permanecerá alojado en un instituto especializado para menores hasta que avance el proceso penal en su contra.
El caso generó una fuerte conmoción en Banda del Río Salí, donde ocurrió el homicidio, debido a la violencia extrema con la que actuaron los presuntos responsables. Los primeros resultados de la investigación y el informe de la autopsia permitieron reconstruir parte de la secuencia del crimen y revelaron un nivel de agresividad que llevó a la Fiscalía a imputar a los sospechosos por un delito con múltiples agravantes.
Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la víctima fue sometida a un ataque planificado y ejecutado con una crueldad inusual, en un hecho que habría tenido como objetivo principal concretar un robo y eliminar cualquier posibilidad de que pudiera reconocer a quienes ingresaron a su vivienda.
Según la hipótesis que manejan los investigadores, el episodio ocurrió entre la noche del 2 de julio y la madrugada del 3 de julio, cuando un grupo integrado por cinco personas irrumpió en la vivienda de la jubilada con la intención de apoderarse de distintos bienes de valor.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los pesquisas, una vez dentro del domicilio los agresores redujeron violentamente a la mujer, quien intentó defenderse del ataque. Las evidencias recolectadas hasta el momento indican que los delincuentes inmovilizaron a la víctima atándole los tobillos con una correa, mientras continuaban golpeándola para impedir cualquier tipo de resistencia.
La acusación fiscal sostiene que, durante el asalto, los sospechosos recurrieron a distintos elementos que encontraron dentro de la vivienda para aumentar la violencia del ataque. Entre ellos se mencionan cables, un prolongador eléctrico y un cinturón, objetos que habrían sido utilizados para comprimir el cuello de la jubilada mientras era sometida.
Pero la agresión no terminó allí. La investigación también determinó que la víctima recibió múltiples golpes y heridas con un arma blanca, acciones que, según la Fiscalía, tuvieron como finalidad asegurar el resultado del robo y evitar que pudiera identificar posteriormente a los responsables.
Uno de los aspectos que más impactó a los investigadores fue el contenido del informe elaborado tras la autopsia. Los médicos forenses confirmaron que Marta Azucena Migliorini presentaba un traumatismo severo de cráneo, además de numerosas heridas punzocortantes concentradas principalmente en la zona del cuello.
A esas lesiones se sumó otro dato considerado determinante para la causa: el antebrazo izquierdo apareció completamente aplastado, producto del fuerte impacto de un tablón de madera que habría sido utilizado durante el ataque.
Para los especialistas, las características de las heridas indican que gran parte de las agresiones fueron provocadas cuando la víctima aún permanecía con vida, circunstancia que refuerza la teoría del ensañamiento sostenida por el Ministerio Público Fiscal.
Los investigadores consideran que este elemento será clave durante el proceso judicial, ya que permitiría demostrar que los acusados no solo actuaron con la intención de matar, sino que además incrementaron deliberadamente el sufrimiento de la víctima antes de provocarle la muerte.
Con las pruebas obtenidas en los primeros días de la pesquisa, la Fiscalía decidió avanzar con la imputación formal contra Wilson Ángel Palacios, Eduardo Daniel Santucho, Elías Gerez y Marcos Omar Suárez, además de un adolescente de 17 años cuya identidad permanece reservada por cuestiones legales.
Todos ellos fueron acusados como presuntos coautores del delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, una de las figuras penales más severas contempladas por la legislación argentina.
Para los fiscales, existen suficientes indicios que permiten sostener, en esta etapa inicial de la investigación, que los cinco participaron de manera coordinada en el ingreso a la vivienda y en la agresión que terminó con la vida de la jubilada.
Durante la audiencia correspondiente, los representantes del Ministerio Público expusieron ante la jueza el conjunto de evidencias reunidas hasta el momento y solicitaron que los cuatro imputados mayores de edad permanezcan detenidos bajo prisión preventiva mientras continúan las tareas investigativas.
La magistrada evaluó los argumentos presentados por la acusación y resolvió hacer lugar al pedido. En consecuencia, ordenó que los acusados fueran trasladados a diferentes establecimientos penitenciarios, donde permanecerán alojados durante un plazo inicial de cinco meses.
En cuanto al adolescente involucrado, la Justicia dispuso que continúe internado en el Instituto Cura Brochero, donde permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes al fuero penal juvenil.
Uno de los elementos probatorios que fortalecieron la hipótesis fiscal fue el hallazgo de las llaves del Volkswagen Polo Track perteneciente a la víctima entre las pertenencias de uno de los detenidos.
Para los investigadores, ese descubrimiento representa un indicio importante porque vincularía directamente al sospechoso con la escena del crimen y con los bienes sustraídos durante el robo.
No obstante, los fiscales aclararon que la investigación todavía se encuentra en pleno desarrollo y que resta determinar con precisión qué objetos fueron robados del domicilio de la jubilada.
En ese sentido, los peritos continúan realizando distintas diligencias para establecer el recorrido que realizaron los sospechosos antes y después del homicidio, además de reconstruir cada uno de los movimientos registrados durante las horas previas y posteriores al ataque.
Los investigadores tampoco descartan que puedan aparecer nuevas pruebas a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos, registros de cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos que podrían aportar información relevante sobre la presencia de personas o vehículos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda.
Otra de las líneas de trabajo apunta a establecer si existieron más personas que colaboraron con el grupo, ya sea antes, durante o después del crimen. Por ese motivo, la Fiscalía mantiene abiertas distintas medidas destinadas a identificar posibles partícipes que aún no hayan sido individualizados.
Mientras tanto, la comunidad de Banda del Río Salí sigue con atención cada avance del expediente. El asesinato de Marta Azucena Migliorini provocó un profundo impacto entre vecinos y allegados, quienes continúan reclamando que el hecho sea completamente esclarecido y que todos los responsables reciban la máxima condena prevista por la ley.
Desde el entorno de la víctima también manifestaron su expectativa de que la investigación permita reconstruir con exactitud cómo se desarrolló el ataque y qué papel desempeñó cada uno de los imputados durante las horas en que ocurrió el crimen.
Por el momento, la resolución que ordenó las prisiones preventivas constituye uno de los primeros pasos relevantes del proceso judicial. Sin embargo, la causa aún atraviesa una etapa de recolección de pruebas que será determinante para definir la responsabilidad penal de cada acusado.
Con nuevas pericias en marcha y diversas medidas investigativas pendientes, la Fiscalía buscará consolidar la acusación mediante evidencia científica, testimonios y elementos materiales que permitan reconstruir de manera integral uno de los casos criminales más impactantes registrados recientemente en Tucumán.
A medida que avance el expediente, los investigadores intentarán responder los interrogantes que todavía permanecen abiertos: qué motivó exactamente el ataque, qué bienes fueron sustraídos de la vivienda y si existieron otros participantes que aún no fueron identificados. Hasta entonces, los cinco sospechosos continuarán vinculados a una causa que, por la extrema violencia del hecho y las pruebas reunidas hasta el momento, se perfila como una de las investigaciones judiciales más complejas y conmocionantes de los últimos meses en la provincia.