El motivo del traslado estuvo directamente relacionado con las limitaciones que presentaba el sector donde permanecían alojados en Bouwer. Tanto Barrelier como Fassetta ocupaban el área de enfermería del establecimiento penitenciario, un espacio que, según trascendió, no permitía mantener un sistema de vigilancia permanente durante las 24 horas.
Frente a ese escenario, las autoridades resolvieron derivarlos al penal de Cruz del Eje, una unidad preparada para alojar internos considerados de mayor riesgo o que requieren un control constante. Allí existen sectores especialmente diseñados para garantizar un monitoreo continuo, con mayores recursos de seguridad y protocolos más estrictos.
De esta manera, el objetivo principal del cambio fue reforzar las condiciones de custodia, evitando cualquier situación que pudiera comprometer el normal desarrollo del proceso judicial o la integridad de los propios detenidos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el traslado fue el régimen de alojamiento dispuesto para ambos imputados. De acuerdo con lo informado por Medina Allende, los dos quedaron completamente separados, ocupando celdas individuales y sin posibilidad de establecer contacto entre ellos.
El abogado sostuvo que la decisión implica un aislamiento absoluto. No solo tienen prohibido comunicarse entre sí, sino también con el resto de la población carcelaria, una medida que responde al esquema de máxima seguridad aplicado dentro del establecimiento penitenciario.
La incomunicación busca impedir cualquier intercambio de información entre los detenidos mientras avanza la investigación penal. Además, este tipo de medidas suele implementarse cuando las autoridades consideran necesario preservar la transparencia del proceso o evitar posibles interferencias dentro de la causa.
El nuevo régimen también contempla un seguimiento permanente durante todo el día, mediante controles continuos y estrictos protocolos internos propios del penal de Cruz del Eje.
Aunque el traslado fue confirmado por la defensa de uno de los imputados, no hubo una explicación oficial acerca de qué organismo ordenó concretamente la medida. Medina Allende señaló que este tipo de decisiones suelen ser competencia del Servicio Penitenciario, aunque también reconoció que, dadas las características del expediente, podrían haber intervenido la Justicia o incluso el Gobierno provincial.
Hasta el momento, ninguna autoridad brindó precisiones sobre quién impulsó finalmente el operativo ni cuáles fueron todos los fundamentos que motivaron el cambio de unidad penitenciaria.
Ese silencio oficial alimentó distintas versiones, aunque todas coinciden en un punto: la prioridad fue fortalecer las condiciones de seguridad alrededor de los dos detenidos, teniendo en cuenta la repercusión social del caso.
En el expediente judicial existen diferencias importantes entre la situación procesal de ambos imputados. Claudio Barrelier enfrenta la acusación más grave, ya que está señalado como el principal responsable del femicidio de Agostina Vega.
La investigación lo ubica en el centro del hecho que terminó con la muerte de la adolescente, por lo que sobre él pesan las imputaciones de mayor gravedad dentro de la causa.
Por su parte, Osvaldo Fassetta permanece detenido bajo la acusación de encubrimiento, una figura penal diferente que lo coloca en un rol secundario respecto del crimen, aunque igualmente relevante para reconstruir todo lo ocurrido antes y después del asesinato.
Los investigadores consideran que cada una de las pruebas reunidas permitirá establecer con precisión cuál fue el grado de participación de cada imputado y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Mientras tanto, ambos continuarán privados de la libertad bajo estrictas medidas de seguridad hasta que el avance de la causa permita definir los próximos pasos procesales.
El traslado a Cruz del Eje también refleja la importancia que las autoridades le asignan a la custodia de los acusados en un expediente de fuerte impacto público. En casos de alta sensibilidad social, los protocolos penitenciarios suelen endurecerse para minimizar cualquier riesgo de incidentes dentro de las cárceles.
La decisión de mantener a los detenidos bajo vigilancia permanente e incomunicados apunta precisamente a garantizar que el desarrollo del proceso judicial transcurra sin inconvenientes y que no existan situaciones que puedan alterar la investigación.
En este contexto, el penal de máxima seguridad ofrece mayores recursos tecnológicos y humanos para controlar cada movimiento de los internos, una condición que, según trascendió, no podía garantizarse plenamente en el sector de enfermería donde permanecían anteriormente.
La causa por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando con la incorporación de nuevas medidas investigativas y distintas diligencias judiciales destinadas a esclarecer completamente el hecho.
Los fiscales siguen analizando pruebas, testimonios y pericias con el objetivo de consolidar la acusación y llegar al juicio oral con un expediente sólido.
En paralelo, la familia de la adolescente permanece atenta a cada decisión adoptada por la Justicia, siguiendo de cerca la evolución del caso y reclamando que se determinen todas las responsabilidades.
El reciente traslado de los imputados no modifica la situación procesal de ninguno de ellos, pero sí representa un cambio significativo en las condiciones de detención. Ahora permanecerán alojados en un establecimiento especialmente preparado para internos de máxima seguridad, bajo control permanente las 24 horas, aislados entre sí y sin contacto con el resto de la población penitenciaria.
Con este operativo reservado, las autoridades buscaron reforzar las medidas de custodia mientras la investigación continúa su curso. A la espera de nuevas resoluciones judiciales, el expediente sigue siendo uno de los casos más relevantes de Córdoba y mantiene la atención de la opinión pública, que continúa siguiendo de cerca cada novedad relacionada con el femicidio de Agostina Vega y el futuro procesal de los dos hombres que permanecen detenidos por el caso.
