El empresario finalmente fue sometido a una de las medidas de control tras ser procesado por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes.
La Justicia le colocó una tobillera electrónica a Marcelo Porcel. (Foto: archivo)
La situación judicial de Marcelo Eduardo Porcel sumó un nuevo capítulo este miércoles. Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara su procesamiento por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes, el empresario finalmente fue sometido a una de las medidas de control ordenadas por la Justicia: la colocación de una tobillera electrónica.
La medida se concretó días después de que Porcel fuera visto participando de una misa en la Basílica de Luján sin el dispositivo de monitoreo que ya había sido dispuesto por los jueces. Las imágenes difundidas por A24 generaron repercusión debido a que el acusado se encontraba circulando sin restricciones visibles pese a la gravedad de las acusaciones que enfrenta.
El mediodía de este miércoles el empresario se presentó en una dependencia de la Policía de la Ciudad encargada de administrar los dispositivos de rastreo y geolocalización, donde finalmente le colocaron la tobillera electrónica.
La semana pasada, la Cámara confirmó el procesamiento que había sido dictado en abril por el juez Carlos Bruniard. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para continuar investigando a Porcel como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores de edad.
Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini ratificaron esa decisión y dispusieron la inmediata implementación de un sistema permanente de monitoreo mediante rastreo satelital.
Además, ordenaron medidas de protección para los denunciantes. Entre ellas, la entrega de dispositivos de alerta que permitan advertir cualquier acercamiento indebido o incumplimiento de las restricciones impuestas al acusado.
Otro de los puntos destacados de la resolución judicial fue la intimación a Porcel para que aporte material genético destinado a la realización de estudios de ADN que podrían resultar relevantes para el avance de la investigación.
Durante una audiencia realizada esta semana, tanto la querella como la fiscalía solicitaron que el empresario fuera detenido de manera preventiva. El planteo estuvo respaldado por una carta firmada por siete de las diez presuntas víctimas.
Sin embargo, los jueces rechazaron el pedido de prisión preventiva. En cambio, optaron por reforzar los mecanismos de control sobre el acusado mientras continúa el proceso judicial.
De esta manera, Porcel seguirá en libertad, aunque sometido a monitoreo permanente y bajo estrictas restricciones de contacto con los denunciantes.
La causa se inició en 2024 a partir de denuncias realizadas por adolescentes y sus familias. Los hechos investigados habrían ocurrido durante encuentros organizados en el entorno familiar del empresario.
Según consta en el expediente, varios de los denunciantes eran compañeros de escuela de los hijos de Porcel y tenían alrededor de 13 años cuando se habrían producido los episodios bajo investigación.
La Justicia analiza una importante cantidad de elementos probatorios, entre ellos declaraciones en Cámara Gesell, informes periciales, documentación y material secuestrado durante los procedimientos realizados en el marco de la causa.
Entre las evidencias incorporadas al expediente figuran fotografías encontradas en el teléfono celular del empresario que, según sostienen los investigadores, habrían sido obtenidas de manera oculta mientras algunos menores se encontraban desnudos dentro de un baño de su vivienda.
Los denunciantes también afirmaron que Porcel presuntamente les suministraba bebidas alcohólicas, les entregaba dinero y promovía conductas de contenido sexual cuando aún eran menores de edad.
Con el procesamiento confirmado y la tobillera electrónica ya colocada, la investigación continúa avanzando mientras la Justicia intenta determinar la responsabilidad penal del empresario en los hechos denunciados.