La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el avance de la causa contra el empresario y adoptó nuevas medidas en el expediente que investiga presuntos abusos sexuales agravados contra al menos diez menores de edad.
La Justicia confirmó el avance de la causa contra Marcelo Porcel y dispuso nuevas medidas en el expediente (Foto: archivo).
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a través de la Sala IV, confirmó el procesamiento del empresario Marcelo Porcel en una causa por presuntos abusos sexuales agravados contra al menos diez menores de edad. La resolución ratifica la decisión del juez Carlos Bruniard y mantiene el expediente en etapa de instrucción. El acusado, además, deberá utilizar una tobillera electrónica.
Porcel fue procesado como autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años y aprovechando una situación de guarda, en concurso con corrupción de menores y, en al menos un caso, por producción de material de abuso sexual infantil.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en su domicilio del barrio porteño de Palermo, donde el imputado invitaba a adolescentes que eran compañeros de colegio de sus hijos en el Colegio Palermo Chico. Las víctimas tenían entre 13 y 14 años al momento de los hechos denunciados, ocurridos principalmente entre 2022 y 2024.
La causa se inició en julio de 2024 a partir de denuncias presentadas por los padres de las víctimas. Con el avance de la investigación, al menos diez menores declararon en Cámara Gesell y se incorporaron distintos elementos probatorios al expediente.
Las denuncias incluyen tocamientos indebidos, masajes en zonas íntimas, situaciones de presión, exposición sexual y ofrecimientos de dinero o alcohol. Además, pericias sobre dispositivos electrónicos del imputado habrían detectado grabaciones realizadas de manera oculta en baños de sus domicilios, según consta en la investigación.
La Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, la querella y la Asesoría de Menores. Sin embargo, dispuso el uso obligatorio de tobillera electrónica, la prohibición de salida del país con retención de pasaporte, la obligación de no ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial y la extracción de ADN para su incorporación al registro genético.
También se ordenó la entrega de dispositivos antipánico a las diez víctimas denunciantes y se trabó un embargo preventivo sobre bienes por $111.564.950.
La investigación continúa en curso, con nuevas medidas de prueba previstas dentro del expediente judicial.