A pocos días de su procesamiento por presuntos abusos contra diez menores, Porcel fue grabado sin que se advirtiera la tobillera electrónica. La situación generó cuestionamientos de las familias denunciantes.
Grabaron a Marcelo Porcel en la Basílica de Luján: aún no le colocaron la tobillera electrónica. (Foto: A24.com)
A pocos días de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmara el procesamiento de Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra menores, el empresario fue grabado en la Basílica de Luján y surgieron cuestionamientos porque todavía no tendría colocada la tobillera electrónica que los jueces ordenaron implementar de manera inmediata.
El video comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas y muestra a Porcel caminando dentro del principal santuario católico del país. Las imágenes fueron registradas desde atrás y hacen foco en sus piernas y tobillos. Familiares y representantes de las víctimas advirtieron que no se aprecia ningún dispositivo de monitoreo.
La situación generó indignación entre quienes impulsan la causa judicial, especialmente porque la medida había sido ordenada por la Sala IV de la Cámara del Crimen como parte de un paquete de restricciones destinadas a reforzar la protección de los denunciantes.
El pasado 28 de mayo, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López confirmaron el procesamiento de Porcel por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores.
La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que participaron padres y madres de los denunciantes, quienes reclamaron mayores medidas de protección.
Si bien el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva, consideró necesario imponer nuevas restricciones. Entre ellas, ratificó la prohibición de salir del país, dispuso un embargo millonario sobre sus bienes y ordenó la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización.
Según señalaron abogados vinculados a las víctimas, la resolución hablaba de una implementación inmediata. "Debería haber sido colocada a más tardar el viernes", sostuvieron desde la querella.
Sin embargo, varios días después de la resolución judicial, la medida aún no habría sido ejecutada.
El objetivo principal del dispositivo es garantizar que Porcel no pueda acercarse a ninguno de los denunciantes ni establecer contacto con ellos.
Además, la Cámara ordenó la entrega de botones antipánico para las víctimas y dispuso mecanismos de monitoreo permanente para detectar eventuales incumplimientos de las restricciones judiciales.
Fuentes judiciales indicaron que el empresario continúa en libertad porque los magistrados consideraron que presenta arraigo, domicilio fijo y actividad laboral conocida, además de no registrar antecedentes de incumplimientos durante el proceso.
No obstante, entendieron que la gravedad de las acusaciones justificaba reforzar los controles.
La causa judicial se convirtió en una de las más sensibles de los últimos años por la cantidad de denunciantes involucrados. De acuerdo con el expediente, Porcel está acusado de haber abusado sexualmente de diez menores de edad, que al momento de los hechos tenían entre 11 y 15 años.
Las denuncias describen episodios ocurridos entre 2022 y 2023 en distintos lugares vinculados al empresario. Entre los escenarios mencionados aparecen su vivienda familiar en Palermo, un departamento ubicado en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas utilizadas por él para actividades laborales.
Según la investigación, el acusado se habría aprovechado de vínculos de confianza construidos con las familias de los chicos para generar encuentros privados donde, de acuerdo con las denuncias, se producían situaciones de contenido sexual.
Los menores declararon en Cámara Gesell y sus testimonios fueron considerados consistentes por los jueces que revisaron el expediente.
En su resolución, los camaristas descartaron los planteos formulados por la defensa respecto de supuestas contradicciones en los relatos. Por el contrario, remarcaron que las declaraciones presentaban "coherencia interna", una estructura lógica y elementos compatibles con situaciones de abuso.
También rechazaron el argumento que señalaba la ausencia de indicadores traumáticos concluyentes en algunas pericias psicológicas.
Los jueces sostuvieron que la inexistencia de secuelas visibles no invalida los testimonios ni elimina la relevancia penal de los hechos denunciados.