El brutal doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba, continúa generando una profunda conmoción social y política en la provincia.
El brutal doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba, continúa generando una profunda conmoción social y política en la provincia. La violencia desatada por Pablo Laurta, expareja de Luna y padre del pequeño hijo de ambos, dejó una marca imborrable en la comunidad y encendió nuevamente el debate sobre los mecanismos de prevención, protección y asistencia que el Estado debe garantizar en casos de violencia de género extrema.
La historia se tornó aún más dolorosa cuando se confirmó que, tras cometer los femicidios, Laurta huyó hacia Entre Ríos con su hijo menor, intentando cruzar la frontera para escapar de la Justicia. Su fuga fue interceptada por las fuerzas de seguridad en un operativo certero que permitió detenerlo y rescatar al niño, quien ahora enfrenta un escenario completamente distinto: sin su madre, sin su abuela y con su padre detenido, quedó bajo la custodia del Estado provincial.
En las últimas horas, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, ofreció detalles sobre las acciones inmediatas que se activaron para garantizar la protección y el acompañamiento integral del niño, y explicó cuáles son los pasos que se están evaluando para definir su futuro en un contexto de extrema vulnerabilidad emocional.
Según explicó la funcionaria, “apenas se conoció el caso, se activó un protocolo para que desde Entre Ríos se hagan las primeras contenciones. Mientras tanto, desde Córdoba nuestro equipo tenía la misión central de indagar con qué familia podía ir el niño”. Esta articulación entre provincias permitió que la intervención se realice sin demoras, priorizando la seguridad y el bienestar emocional del menor.
Montero también fue contundente al descartar la posibilidad de que el niño sea derivado a una institución: “Lo mejor en este caso es que el niño esté en una familia de un entorno que le sea familiar”, señaló. La idea central es evitar que, además de la tragedia vivida, el pequeño deba atravesar una ruptura total con sus vínculos más cercanos. Por eso, desde el primer momento se comenzaron a explorar alternativas que involucren a familiares directos o, en su defecto, a una familia de acogida de emergencia que pueda contenerlo de manera transitoria.
La ministra precisó que “ayer y hoy nuestro equipo estuvo evaluando esta posibilidad en el entorno comunitario del niño”, en alusión a las visitas, entrevistas y diagnósticos que realizan los equipos interdisciplinarios encargados de definir cuál será la mejor opción a corto plazo. Se trata de un proceso delicado que requiere evaluar no solo aspectos legales, sino también emocionales, psicológicos y sociales.
En paralelo, los profesionales que intervienen están abocados a acompañar el profundo shock emocional que atraviesa el menor, quien no solo perdió a sus principales referentes afectivos, sino que además fue testigo indirecto de una secuencia de hechos violentos y del posterior intento de fuga de su propio padre.
El trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Humano y los equipos de psicólogos y trabajadores sociales busca garantizar que el niño no quede a la deriva y pueda transitar esta etapa con la mayor contención posible. La ministra Montero lo explicó claramente: “Todavía hay cuestiones fundamentales por resolver: cómo el niño va a seguir su vida y con quiénes. Esto requiere mucha más evaluación e intervención de psicólogos y trabajadores sociales”.
Uno de los puntos centrales en este proceso es la posibilidad de que el niño mantenga un vínculo con familiares directos, lo que permitiría asegurarle una continuidad afectiva importante. Una de sus tías, que reside en Chile, llegó en las últimas horas a Córdoba para sumarse a este proceso y ofrecerse como figura de contención. Su presencia es clave para evaluar si existe viabilidad legal y emocional para que el niño pueda, eventualmente, trasladarse al país vecino o permanecer en Córdoba en compañía de un familiar cercano.
Los especialistas que siguen el caso remarcan que el menor se encuentra bajo estricta observación clínica y psicológica. Se trata de una situación extremadamente compleja en la que cualquier decisión debe ser tomada con cuidado, evitando nuevos traumas y priorizando su derecho a crecer en un entorno estable y afectivo.
La evolución del niño dependerá tanto de las medidas judiciales que se tomen en las próximas semanas como del acompañamiento profesional que se mantenga a largo plazo. Los equipos de contención trabajan para establecer rutinas, espacios de confianza y dinámicas afectivas que permitan sostenerlo emocionalmente en este momento crítico.
La causa judicial avanza de forma paralela. Pablo Laurta fue detenido en Entre Ríos cuando intentaba cruzar la frontera, y se encuentra a disposición de la Justicia cordobesa. Será imputado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y afrontará un proceso judicial que podría culminar con una condena a prisión perpetua.
Mientras tanto, la sociedad cordobesa exige respuestas. El caso generó una fuerte repercusión no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por los antecedentes de violencia que habrían existido y que, según testimonios de allegados, no habrían sido atendidos con la rapidez necesaria. Luna había expresado temor en diversas oportunidades, y sus allegados sostienen que había señales de alerta que no se tomaron con la seriedad suficiente.
Este punto abre un debate más amplio sobre la efectividad de los mecanismos estatales de protección frente a casos de violencia de género, especialmente cuando hay niños involucrados. Cada tragedia de este tipo deja al descubierto grietas estructurales: demoras en las respuestas judiciales, falta de seguimiento en las denuncias, escasez de recursos para monitorear situaciones de riesgo, y protocolos que muchas veces no se aplican en tiempo y forma.
El doble femicidio de Luna y Mariel se suma a una larga lista de crímenes que sacuden la conciencia colectiva y exigen un replanteo urgente de las políticas públicas. La ministra Montero destacó que su cartera trabaja en coordinación con otras áreas para brindar asistencia integral, pero también reconoció que “estos casos nos interpelan como Estado y como sociedad”.
En ese sentido, la contención del niño es solo una de las aristas de una problemática mucho más profunda. Detrás de cada femicidio quedan familias destruidas, comunidades en duelo y, en muchos casos, niños que quedan huérfanos y expuestos a nuevas vulnerabilidades. El desafío es garantizar que esas infancias no se pierdan entre trámites judiciales, demoras burocráticas y falta de acompañamiento adecuado.
Este caso, por su crudeza y por el impacto que generó, se transformó en un símbolo de lucha y de reclamo. Organizaciones feministas, colectivos sociales y vecinos de Córdoba se movilizaron en las calles para exigir justicia, mayor protección estatal y políticas efectivas de prevención. Las marchas estuvieron marcadas por el dolor, pero también por la indignación y la exigencia de que no haya más nombres que engrosen las listas de víctimas.
En las próximas semanas, las autoridades judiciales deberán resolver el futuro inmediato del niño y avanzar en el proceso penal contra Laurta. En paralelo, se espera que el Ministerio de Desarrollo Humano continúe su trabajo de acompañamiento y defina, junto a los familiares, cuál será el entorno más seguro y amoroso para que el menor pueda reconstruir su vida después de una tragedia de dimensiones devastadoras.
La historia de Luna, Mariel y el pequeño hijo que quedó en medio de este horror no es solo una noticia policial. Es una radiografía de las deudas estructurales que persisten en materia de violencia de género y protección infantil. Y también, un llamado urgente a que el dolor no quede reducido a un titular más, sino que impulse transformaciones profundas que eviten nuevas tragedias.
