La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue sumando piezas a un rompecabezas que conmociona a la opinión pública y que expone, además, la forma en que las organizaciones criminales utilizan la tecnología para infundir terror.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue sumando piezas a un rompecabezas que conmociona a la opinión pública y que expone, además, la forma en que las organizaciones criminales utilizan la tecnología para infundir terror. Nuevos datos surgidos en las últimas horas contradicen la versión inicial que sostenía que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez habían sido transmitidos en vivo a través de una red social.
Según los peritajes y declaraciones recabadas hasta el momento, todo indica que no se trató de una transmisión en vivo, sino de una grabación que fue compartida posteriormente en un grupo cerrado con alrededor de 40 personas. Esta conclusión surge a partir de limitaciones técnicas que impiden la realización de transmisiones en directo para una cantidad de espectadores de ese tamaño en plataformas como Instagram, WhatsApp o Telegram.
En un primer momento, la hipótesis de que el crimen había sido transmitido en vivo generó indignación y horror, ya que implicaba no solo la brutalidad del hecho sino también la participación pasiva de decenas de testigos virtuales. Sin embargo, investigadores consultados señalaron que ninguna de las redes sociales disponibles permite un “vivo” con 40 participantes simultáneos.
De acuerdo con un informe difundido por TN, Instagram y Telegram tienen un límite de 32 usuarios en transmisiones en vivo, lo que hace técnicamente imposible que el crimen haya sido visto en directo por 40 personas al mismo tiempo. Esta diferencia técnica es clave para los investigadores, porque define qué tipo de pruebas pueden encontrarse y cómo rastrear los teléfonos de los involucrados.
La reconstrucción más probable es que los asesinos grabaron la tortura y el asesinato de las jóvenes, para luego difundir el material en un grupo cerrado. Esto cambia radicalmente el escenario de la investigación: un video grabado deja huellas en los dispositivos de quienes lo recibieron o lo descargaron, mientras que una transmisión en vivo solo puede ser preservada si alguien la graba en el momento.
En este sentido, los especialistas creen que el video podría encontrarse en más de un teléfono celular, lo que amplía las posibilidades de recuperación de pruebas. “Cuando vos grabás un video y lo compartís en un grupo, pasa a estar en todos los teléfonos de quienes lo descargaron. Eso multiplica las copias y, por lo tanto, las chances de hallarlo”, explicaron fuentes cercanas a la investigación.
El especialista en ciberseguridad y ciberestafas, Julio Ernesto López, aportó una mirada técnica que ayuda a comprender por qué esta diferencia es determinante para la causa.
“Una transmisión en vivo en una llamada grupal puede ser efímera: se emite y desaparece, salvo que alguien la grabe con otro dispositivo. En cambio, un video grabado permanece en el teléfono de quien lo registró y, al compartirse, se replica en todos los dispositivos del grupo”, explicó López.
Esto significa que los peritajes digitales tienen muchas más chances de encontrar evidencias si se confirma que se trató de un video grabado. No solo quedaría registrado en el dispositivo de quien filmó, sino también en los aparatos de quienes lo recibieron o lo reenviaron.
Más allá del aspecto técnico, este caso revela un fenómeno cada vez más frecuente: el uso de la tecnología como herramienta para sembrar miedo y ejercer control criminal. Según López, lo que antes se hacía a través de cartas de amenazas o pintadas en las paredes, hoy se canaliza mediante videos que circulan en redes o aplicaciones de mensajería.
“La persona grabó, aparentemente, cómo torturó y mató a las víctimas, y eso lo mostró. Ya no hacen más cartas de amenazas ni pintadas: usan la tecnología y lo hacen de manera muy efectiva”, señaló el especialista.
La lógica detrás de este mecanismo es clara: mostrar la brutalidad en tiempo real o casi inmediato no solo atemoriza a las víctimas directas y sus entornos, sino que también funciona como un mensaje mafioso hacia rivales o comunidades enteras.
Para los fiscales e investigadores, determinar si hubo una transmisión en vivo o un video grabado marca un antes y un después en la estrategia judicial. Una transmisión en vivo, por su carácter efímero, hubiera dificultado la obtención de pruebas y reducido las posibilidades de imputación contra quienes vieron el hecho.
En cambio, la hipótesis del video compartido abre la puerta a un rastreo más amplio, con mayores chances de ubicar evidencias digitales y de reconstruir la red de complicidades. Si el archivo fue compartido entre 40 personas, cada una de ellas puede convertirse en un eslabón clave para la investigación, ya sea como testigo o como partícipe necesario.
El triple crimen de Florencio Varela se ha convertido en un caso testigo de la violencia ligada al narcotráfico y a los ajustes de cuentas, donde la saña y la exposición mediática se combinan en un escenario de horror. La idea de grabar y difundir el asesinato de tres jóvenes muestra un grado de perversión y deshumanización alarmante, que deja al descubierto el nivel de impunidad con que actúan ciertos grupos delictivos.
La posibilidad de que decenas de personas hayan visto el video sin denunciarlo abre también un debate social sobre los límites de la indiferencia y el rol de las audiencias en este tipo de situaciones. En palabras de un investigador: “Ya no hablamos solo de los autores materiales, sino de una cadena de espectadores que, con su silencio, también colaboraron en la difusión del terror”.
En las próximas semanas, los peritos informáticos se concentrarán en el análisis de los celulares secuestrados a los principales sospechosos. Allí podrían encontrarse copias del video que confirmaría la hipótesis del material grabado.
Además, la Justicia trabaja en identificar a las personas que habrían tenido acceso al grupo cerrado donde se difundió la grabación. Cada uno de esos 40 integrantes podría ser citado a declarar, lo que ampliaría el marco de responsabilidades en la causa.
Mientras tanto, las familias de Brenda, Morena y Lara exigen justicia y reclaman que la investigación no quede atrapada en tecnicismos. “Lo que queremos es que los culpables paguen y que nadie más pase por lo que pasamos nosotros”, expresó entre lágrimas un familiar directo.
