El letrado explicó que incluso una de las madres pudo ver a las jóvenes y constató que las lesiones difundidas públicamente no coincidían con lo que vio. Esto abrió la polémica sobre la manera en que la información circuló y sobre la posible manipulación mediática de los hechos.
En medio de la confusión, las familias de las víctimas atravesaron no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso de la desinformación. La mamá de Morena expresó su indignación:
“¿Por qué dijeron tantas barbaridades? ¿Saben lo que tuve que soportar? Me destrozaron psicológica y moralmente”, afirmó, visiblemente afectada.
Además, denunció que jamás recibió una notificación oficial sobre el estado en el que se encontraba su hija. “No pude reconocer el cuerpo y tampoco me lo comunicaron”, sostuvo, denunciando un vacío informativo por parte de las autoridades que agudizó la angustia familiar.
Este silencio oficial, sumado a la circulación de rumores, dejó a las madres en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentando no solo el duelo, sino también la confusión y el impacto psicológico de versiones contradictorias.
El punto más explosivo de las declaraciones del abogado fue la revelación de que una figura vinculada al gobierno provincial habría intentado comprar el silencio de la familia.
“El jueves o viernes, una persona vinculada al gobierno provincial se acercó y ofreció plata para que la mamá de Morena no hable más”, aseguró el letrado, quien evitó dar el nombre del supuesto funcionario o intermediario.
Según la denuncia, el ofrecimiento se habría hecho en un contexto de tensión creciente, cuando las familias comenzaban a hacer públicas sus críticas a la investigación y a cuestionar la transparencia del procedimiento judicial.
Si bien no trascendieron más detalles, desde el entorno familiar consideran que se trató de un intento directo de evitar que se expusieran públicamente las irregularidades y el descontento con el accionar estatal.
En paralelo, trascendió que las tres madres de las víctimas se reunieron en los últimos días para compartir información y acompañarse mutuamente en el proceso de duelo.
Durante ese encuentro, descubrieron que había muchos aspectos del caso que ninguna de ellas conocía de manera oficial. “Entre nosotras hay cosas que no sabíamos. Nadie nos explicó nada”, remarcaron, evidenciando el nivel de desinformación y desorganización en la comunicación judicial.
Uno de los testimonios más fuertes surgió de la madre de Lara, quien contó que se enteró por las otras familias que su hija había sido velada en un cajón cerrado. Solo después de reclamar y en un ámbito privado le permitieron abrirlo.
“Todo fue muy confuso, nos enteramos por terceros”, sostuvo, denunciando que la información crucial les fue negada en el momento más doloroso de sus vidas.
Estas declaraciones generaron un nuevo frente de conflicto. Por un lado, la versión oficial de los investigadores sostiene que las autopsias y peritajes están en curso y que se cumplieron los protocolos judiciales correspondientes.
Sin embargo, los dichos del abogado y de las madres contrastan con esa narrativa, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que hubo errores, ocultamientos o incluso intentos de encubrimiento.
La denuncia sobre un supuesto intento de soborno suma un componente explosivo que podría derivar en nuevas investigaciones, no solo en el ámbito judicial, sino también político.
La difusión inicial de información no confirmada sobre el estado de los cuerpos generó un fuerte impacto en la sociedad. La repetición de imágenes y relatos sobre presuntas mutilaciones, finalmente desmentidas, dejó en evidencia el riesgo de la circulación de noticias sin chequear.
Este fenómeno no solo afectó a las familias, sino que también alimentó el morbo social y el miedo colectivo, generando un clima de horror que no se correspondía con la realidad.
Hoy, el señalamiento del abogado contra los medios y la denuncia de las madres se convierten en un llamado de atención sobre la responsabilidad periodística en casos de alta sensibilidad social.
Más allá de las contradicciones y denuncias, el reclamo central de las familias sigue siendo el mismo: que se haga justicia por Morena, Brenda y Lara.
Las tres madres coinciden en que el proceso judicial no solo debe esclarecer las circunstancias de los asesinatos, sino también garantizar que no haya irregularidades, silencios ni presiones externas que distorsionen la verdad.
En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, el acompañamiento social y la visibilización del caso se transforman en herramientas fundamentales para evitar que la causa quede impune o manipulada.
El triple femicidio de Florencio Varela no solo se convirtió en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años, sino que ahora amenaza con convertirse en un símbolo de las falencias estructurales en la justicia y la política.
La denuncia sobre un intento de soborno, sumada a la difusión de información falsa y al desamparo de las familias, muestra cómo los crímenes de género, además de su brutalidad, suelen quedar atrapados en redes de poder, intereses y negligencias estatales.
Las palabras del abogado y el dolor de las madres no solo abren nuevos interrogantes en la causa, sino que también interpelan a la sociedad sobre la manera en que se tratan y acompañan los femicidios en la Argentina.
