El hombre ya había denunciado en otras entrevistas que el acceso a tecnología en las cárceles permite que se concreten estafas y extorsiones. “En las cárceles es moneda corriente tener un teléfono o una notebook. Si el gobierno provincial pusiera inhibidores de señal, esto no pasaría. Desde adentro les están sacando la plata a personas que trabajan todos los días”, había señalado.
También recordó el momento en el que recibió la noticia que cambió su vida. Contó que estaba por salir a trabajar cuando recibió una llamada desde Buenos Aires. Atendió por insistencia de su esposa y allí se enteraron de la muerte de su hijo.
“Con mi señora teníamos que laburar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para poder comprarle todo lo que le pedía el regimiento, además de sus estudios. Gastamos durante seis o siete meses para terminar trayendo a mi hijo en un cajón”, relató con dolor.
Según el padre, el calvario comenzó poco tiempo antes del desenlace. “Mi hijo entró el lunes 15 de diciembre a la aplicación. Ese mediodía ya empezó el tormento. En menos de 24 horas lo sofocaron y lo llevaron a tomar esa determinación”, aseguró.
Además, sostuvo que ninguna autoridad provincial se comunicó con la familia tras el hecho. “Jamás aparecieron, ni un pésame”, reclamó.
Una extorsión que terminó en tragedia
La investigación determinó que el joven fue víctima de una red de estafadores que operaba desde la cárcel y utilizaba una aplicación de citas para engañar a sus víctimas. Allí, Rodrigo comenzó a hablar con una supuesta joven que en realidad no existía.
A partir de ese contacto, los delincuentes se hicieron pasar por policías y lo amenazaron con una falsa denuncia por haber chateado con una menor de 17 años. Bajo esa presión, le exigieron dinero para “eliminar” el supuesto caso.