Un mensaje de voz disparó una maniobra de chantaje digital que tuvo como víctima a Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio en la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.
Un mensaje de voz fue la herramienta clave de una maniobra de extorsión digital que terminó con la vida de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino que prestaba servicio en la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. El joven, oriundo del interior del país, se había instalado en Buenos Aires con la intención de desarrollar una carrera militar, en un contexto personal atravesado por la distancia familiar y una fuerte fragilidad emocional.
La secuencia que derivó en su suicidio comenzó en diciembre pasado con un contacto aparentemente inofensivo a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, bajo el nombre de “Julieta”, se presentó como una joven de 19 años y sostuvo durante varios días intercambios de mensajes, audios e imágenes con Gómez. La conversación no despertó sospechas: para el soldado era un vínculo virtual más, en una etapa marcada por la soledad y el desarraigo.
Ese perfil, sin embargo, no correspondía a ninguna persona real. Según reconstruyó la investigación judicial, se trataba del primer paso de una organización dedicada a la extorsión online, que operaba desde el interior de cárceles bonaerenses y contaba con colaboradores fuera del sistema penitenciario, cuentas bancarias de terceros y un método que repetían con múltiples víctimas.
El quiebre llegó de manera abrupta. Gómez recibió un audio de una mujer que, con tono exaltado y agresivo, lo acusaba de haber enviado mensajes indebidos a su hija menor de edad y aseguraba estar rumbo a realizar una denuncia penal.
En cuestión de segundos, la víctima pasaba de una charla privada a la certeza de estar involucrada en un delito gravísimo. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!”, se escucha en el mensaje de voz.
Nada de eso era real. No existían ni la madre, ni la hija, ni denuncia alguna. Era una escena fabricada desde una celda.
Poco después, llegó un segundo audio, esta vez de un hombre que se presentaba como funcionario policial. Se identificaba con nombre, apellido y rango, mencionaba un área específica vinculada a delitos contra menores y aseguraba tener pruebas, conversaciones recuperadas y material informático. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra.”
Desde ese momento, Gómez quedó atrapado en un esquema de hostigamiento constante. Recibía llamadas, mensajes y audios cada vez más intimidantes. Le decían que su detención era inminente, que su nombre sería expuesto públicamente y que su carrera en el Ejército estaba perdida. El objetivo era quebrarlo psicológicamente.
El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima distinta pero con el mismo modus operandi, permitió reconstruir el libreto completo. El falso policía enumeraba delitos graves, hablaba de prisión efectiva y repetía que tenía “todas las pruebas” en su poder. Luego instalaba la urgencia, interrumpía cualquier intento de defensa y, finalmente, ofrecía una supuesta salida a cambio de dinero. La pregunta se repetía como eje del chantaje: “¿Para vos cuánto vale tu libertad?”
Las exigencias económicas comenzaban con montos elevados y luego se negociaban. Aceptaban pagos parciales o en cuotas, siempre con la condición de transferencias inmediatas a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. Si el dinero ofrecido no satisfacía, la presión aumentaba con nuevas amenazas.
En paralelo, la banda imponía el aislamiento total. Prohibían hablar con familiares, autoridades o abogados. Indicaban qué excusas usar si alguien preguntaba por el dinero y reforzaban el miedo con amenazas directas. Todo respondía a un esquema previamente ensayado.
En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas ese circuito de extorsión. Vivía pendiente del teléfono, aterrorizado por la posibilidad de perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese escrito fue clave para que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, entendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.
A partir de allí, la magistrada ordenó peritajes digitales, análisis de movimientos bancarios, rastreo de líneas telefónicas y allanamientos simultáneos en cárceles y domicilios bonaerenses. La pesquisa permitió establecer que el núcleo de la organización operaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados de manera ilegal para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
El esquema se completaba con colaboradoras externas, en su mayoría mujeres, que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir y redistribuir los fondos. En total, fueron detenidas siete personas, entre internos y partícipes externos con distintos roles dentro de la estructura. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos, chips, computadoras y documentación que detallaba montos, víctimas y turnos de contacto.
La causa permitió identificar decenas de episodios similares. Gómez no fue la única víctima de esta modalidad. Otros lograron denunciar o cortar el vínculo. Él no pudo romper el cerco psicológico que la banda le impuso.
