La claridad y contundencia de sus palabras muestran que Luna temía por su vida y por la seguridad de su hijo, y que además había buscado redes de apoyo entre vecinos para protegerse. Según fuentes judiciales, ya existían denuncias previas contra Laurta por violencia y hostigamiento, lo que plantea interrogantes sobre las medidas de protección implementadas.
El crimen ocurrió el pasado sábado, cuando Luna y su madre fueron asesinadas a balazos dentro de su hogar. El doble homicidio generó una profunda conmoción en la provincia y reavivó el debate sobre las falencias en la respuesta institucional frente a situaciones de violencia denunciadas con anterioridad.
Tras conocerse los hechos, se desplegó un amplio operativo policial para dar con el paradero de Pablo Laurta y del hijo de la víctima, que se encontraba con él. Las autoridades rastrearon al sospechoso a través de distintos testimonios y movimientos registrados en cámaras de seguridad, hasta localizarlo en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Fuentes cercanas a la investigación informaron que Laurta fue encontrado en un hotel de la ciudad, cuando estaba por desayunar, y que no opuso resistencia al momento de la detención. En ese instante, el niño de cinco años corrió asustado al ver a los policías, siendo rápidamente resguardado por personal especializado para garantizar su seguridad.
Durante el procedimiento, el detenido sufrió una descompensación y fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde permanece bajo custodia. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la cárcel de Bouwer, mientras la causa continúa a cargo del fiscal Gerardo Reyes, quien ordenó múltiples peritajes y la recolección de pruebas para avanzar en la imputación formal por doble homicidio agravado y sustracción de menor.
Este caso ha puesto en evidencia nuevamente las fallas estructurales del sistema de protección hacia las víctimas de violencia de género. Luna no solo había realizado denuncias previas, sino que además había manifestado explícitamente su miedo a Laurta en su entorno más cercano. A pesar de esas señales, no hubo un accionar preventivo que impidiera el crimen.
Vecinos de la zona relataron a medios locales que Luna era una madre dedicada y muy cercana a su comunidad, que “siempre estaba atenta a todo y trataba de mantenerse fuerte por su hijo”. También señalaron que “era sabido que tenía problemas con su expareja”, y que en más de una oportunidad “había pedido ayuda por miedo a lo que pudiera pasar”.
En tanto, familiares de las víctimas exigen respuestas rápidas de la Justicia y que se investigue si hubo negligencia por parte de organismos estatales ante las reiteradas denuncias. “Ella pidió ayuda, lo dijo una y otra vez, y nadie la escuchó como correspondía. Ahora ya es tarde”, lamentó una amiga cercana.
En paralelo, organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron a una marcha en Córdoba capital y en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de exigir justicia por Luna y Mariel, y reclamar mayores recursos y eficacia en las políticas de prevención. “Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón que se repite una y otra vez en Argentina. Mujeres que denuncian, que piden ayuda, que dan señales claras… y el Estado no llega a tiempo”, expresó una vocera de una de las agrupaciones convocantes.
La fiscalía ha ordenado la revisión minuciosa de las denuncias previas y de las medidas de restricción que se hubieran dictado en relación a Laurta. Además, se investiga si hubo algún incumplimiento o demora por parte de las fuerzas de seguridad en responder a las alertas realizadas por Luna.
En este contexto, especialistas en violencia de género remarcan que la prevención no se logra únicamente con denuncias, sino con respuestas rápidas y articuladas entre los distintos organismos estatales. “Cuando una mujer pide ayuda y dice que teme por su vida, cada hora cuenta. No se trata solo de tomar una denuncia, sino de implementar medidas efectivas de protección, seguimiento y acompañamiento”, explicó una abogada especializada en derechos de las mujeres.
La muerte de Luna Giardina y su madre Mariel se suma a la larga lista de femicidios que sacuden al país mes a mes. Según datos oficiales, en Argentina ocurre un femicidio cada 29 horas. En muchos de esos casos, las víctimas habían hecho denuncias previas o existían antecedentes de violencia conocidos.
La historia de Luna, además, adquiere un componente particularmente doloroso: su hijo de cinco años presenció el crimen y fue víctima de secuestro por parte del agresor. Actualmente, el niño está bajo atención psicológica y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, mientras familiares maternos buscan asumir su custodia legal para garantizar su bienestar.
El fiscal Gerardo Reyes adelantó que en los próximos días se tomarán nuevas declaraciones testimoniales, se realizarán pericias balísticas y se profundizará la investigación sobre la planificación del ataque por parte de Laurta, quien habría actuado con premeditación. No se descarta que el acusado enfrente cargos adicionales por violación de medidas de restricción, si se confirma que existían disposiciones judiciales previas.
Mientras tanto, el dolor de la comunidad cordobesa se mezcla con la bronca y el reclamo. En redes sociales, miles de usuarios compartieron el audio de Luna como una forma de visibilizar su pedido de ayuda no escuchado. La frase “Otra vez estoy con problemas con el progenitor de mi hijo” se repite como un eco que duele, recordando que detrás de cada estadística hay vidas reales, miedos concretos y alertas que muchas veces quedan en el vacío.
La causa avanza con velocidad, pero también con la presión social de que no quede ningún cabo suelto. La familia de las víctimas busca justicia, y la sociedad observa con atención cómo responde el sistema judicial ante un caso que, por su crudeza y las advertencias previas, se ha convertido en un emblema más del reclamo urgente por medidas efectivas para frenar la violencia de género en Argentina.
