El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron 24 allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por una presunta red de sobornos a droguerías proveedoras de la ANDIS. La investigación apunta al entorno de Daniel Garbellini, exnúmero dos de Spagnuolo.
La Justicia federal profundiza la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y detectó un nuevo entramado de sobornos que involucra a exfuncionarios cercanos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. A partir del análisis de celulares secuestrados en etapas anteriores, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron este jueves 24 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
La nueva línea de investigación apunta a un esquema de cobro de coimas presuntamente coordinado por personas vinculadas a Daniel Garbellini, exsubdirector ejecutivo de la ANDIS y considerado el número dos de Spagnuolo. Los nombres de los sospechosos aún no fueron revelados oficialmente.
Los investigadores habrían encontrado en los dispositivos mensajes y registros que evidencian pedidos de sobornos a droguerías proveedoras del organismo estatal. Por el momento, no se confirmó si entre las empresas involucradas figura Suizo Argentina.
Los procedimientos, realizados de forma simultánea en droguerías y domicilios particulares, se llevaron a cabo bajo estricto hermetismo tras el regreso de la causa al secreto de sumario. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense, que secuestraron equipos electrónicos y documentación en busca de nuevas pruebas sobre posibles irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
Según la hipótesis de Picardi, en la ANDIS existieron irregularidades y direccionamientos en las contrataciones, y ahora intenta determinar si también hubo sobreprecios. Parte de las adquisiciones detectadas no aparecen registradas en los portales oficiales del Estado ni cuentan con trazabilidad dentro del sistema público de compras, lo que sugiere que se habrían eludido los controles del Ministerio de Salud.
El caso se originó tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que el exfuncionario mencionaba supuestas exigencias de coimas a laboratorios. En esos intercambios también se alude a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno de ellos fue imputado formalmente.
El avance judicial coincide con la aprobación en Diputados de un pedido de interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, prevista para el próximo miércoles.
En paralelo, el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en la ANDIS. Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo ya recibió parte de la documentación incautada por la Justicia, incluyendo facturas de compras a droguerías. El Ministerio de Salud solicitó copias del material para el interventor del organismo, Alberto Vilches, quien encabeza la revisión interna.
Desde la Casa Rosada sospechan que varias contrataciones no se formalizaron mediante contratos, sino a través de compulsas de precios sucesivas destinadas a simular competencia entre proveedores.
En ese contexto, el Gobierno evalúa reformas en el esquema de contrataciones de la ANDIS, entre ellas eliminar su autarquía y centralizar las compras en el Ministerio de Salud, además de analizar la posibilidad de adquirir medicamentos directamente a los laboratorios, sin intermediarios.
