Grabaron a Marcelo Porcel en la Basílica de Luján: denunciaron que aún no le colocaron la tobillera electrónica

La resolución judicial que endureció los controles sobre Porcel

El pasado 28 de mayo, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López confirmaron el procesamiento de Porcel por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores.

La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que participaron padres y madres de los denunciantes, quienes reclamaron mayores medidas de protección.

Si bien el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva, consideró necesario imponer nuevas restricciones. Entre ellas, ratificó la prohibición de salir del país, dispuso un embargo millonario sobre sus bienes y ordenó la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización.

Según señalaron abogados vinculados a las víctimas, la resolución hablaba de una implementación inmediata. "Debería haber sido colocada a más tardar el viernes", sostuvieron desde la querella.

Sin embargo, varios días después de la resolución judicial, la medida aún no habría sido ejecutada.

Por qué la Justicia ordenó la tobillera electrónica

El objetivo principal del dispositivo es garantizar que Porcel no pueda acercarse a ninguno de los denunciantes ni establecer contacto con ellos.

Además, la Cámara ordenó la entrega de botones antipánico para las víctimas y dispuso mecanismos de monitoreo permanente para detectar eventuales incumplimientos de las restricciones judiciales.

Fuentes judiciales indicaron que el empresario continúa en libertad porque los magistrados consideraron que presenta arraigo, domicilio fijo y actividad laboral conocida, además de no registrar antecedentes de incumplimientos durante el proceso.

No obstante, entendieron que la gravedad de las acusaciones justificaba reforzar los controles.

Una investigación con diez presuntas víctimas

La causa judicial se convirtió en una de las más sensibles de los últimos años por la cantidad de denunciantes involucrados. De acuerdo con el expediente, Porcel está acusado de haber abusado sexualmente de diez menores de edad, que al momento de los hechos tenían entre 11 y 15 años.

Las denuncias describen episodios ocurridos entre 2022 y 2023 en distintos lugares vinculados al empresario. Entre los escenarios mencionados aparecen su vivienda familiar en Palermo, un departamento ubicado en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas utilizadas por él para actividades laborales.

Según la investigación, el acusado se habría aprovechado de vínculos de confianza construidos con las familias de los chicos para generar encuentros privados donde, de acuerdo con las denuncias, se producían situaciones de contenido sexual.

Los menores declararon en Cámara Gesell y sus testimonios fueron considerados consistentes por los jueces que revisaron el expediente.

Qué dijeron los magistrados sobre las declaraciones

En su resolución, los camaristas descartaron los planteos formulados por la defensa respecto de supuestas contradicciones en los relatos. Por el contrario, remarcaron que las declaraciones presentaban "coherencia interna", una estructura lógica y elementos compatibles con situaciones de abuso.

También rechazaron el argumento que señalaba la ausencia de indicadores traumáticos concluyentes en algunas pericias psicológicas.

Los jueces sostuvieron que la inexistencia de secuelas visibles no invalida los testimonios ni elimina la relevancia penal de los hechos denunciados.