El fiscal Álvaro Garganta investiga una denuncia por presuntas torturas y abusos sexuales contra cuatro mujeres detenidas en la Unidad N°51 de Magdalena, un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La presentación fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura.
GRAVE DENUNCIA
Investigan denuncias de torturas y abuso sexual contra detenidas en un penal bonaerense durante el Ni Una Menos
Cuatro internas denunciaron agresiones, vejaciones y presuntos abusos cometidos por personal penitenciario. La Provincia apartó a las autoridades de la unidad.
El Ministerio de Justicia bonaerense resolvió la disponibilidad preventiva del personal involucrado y removió a la conducción de la Unidad N°51. (Foto: gentileza CELS)
Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante un procedimiento realizado el miércoles 3 de junio dentro de la cárcel, mientras tenía lugar el Ni Una Menos, y habrían involucrado a personal penitenciario y autoridades de la unidad.
La intervención tras una pelea en el pabellón
De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el episodio comenzó luego de una pelea entre internas en un pabellón ubicado en la planta alta del establecimiento.
Dos de las mujeres denunciantes aseguraron que no participaron de la confrontación, pero afirmaron que igualmente recibieron gas pimienta cuando los agentes ingresaron para controlar la situación.
La denuncia identifica a la directora de la unidad, Daiana Balmaceda, como responsable del operativo.
Posteriormente, las detenidas fueron trasladadas a sus celdas, donde, según la presentación, comenzaron los presuntos maltratos. Allí se les habría exigido desnudarse parcialmente para una revisión física frente a personal masculino.
La CPM sostuvo que, mientras se desarrollaba ese procedimiento, continuaban las agresiones contra otras internas involucradas en el conflicto.
Los testimonios incorporados a la denuncia
Una de las detenidas relató que recibió gas pimienta directamente en el rostro a corta distancia y que fue obligada a permanecer arrodillada frente a un sanitario mientras era insultada y golpeada.
Según la denuncia, durante ese episodio escuchó conversaciones entre agentes penitenciarios y personal médico vinculadas a la constatación de posibles lesiones.
La víctima también aseguró que recibió reiteradas órdenes para besar las botas de una autoridad penitenciaria. Según su testimonio, al negarse fue sometida a nuevas agresiones físicas.
La presentación agrega que la mujer habría sido sumergida repetidamente en agua mientras continuaban las exigencias y las amenazas.
Presunto abuso sexual y amenazas
La CPM sostuvo que la detenida denunció haber recibido golpes con una escopeta reglamentaria y comentarios de contenido sexual por parte de algunos agentes presentes.
Según el relato incorporado al expediente, la mujer afirmó que le rompieron la ropa interior y que posteriormente fue sometida a tocamientos de carácter sexual.
La denuncia también señala que recibió amenazas vinculadas a sus condiciones de detención y posibles represalias dentro del establecimiento.
En su declaración, la detenida aseguró haber conservado elementos que podrían servir como prueba para la investigación.
La investigación
La presentación sostiene que existe una historia clínica confeccionada el 3 de junio en la que una enfermera dejó constancia de que la mujer no presentaba lesiones al momento de ser examinada.
Sin embargo, según la CPM, una revisión médica posterior realizada en el marco de la investigación permitió detectar lesiones compatibles con los hechos denunciados.
El fiscal Garganta comenzó a tomar testimonios para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el funcionario judicial considera que los relatos aportados presentan elementos de consistencia y verosimilitud, aunque la pesquisa continúa en etapa de recolección de pruebas.
Tras conocerse la denuncia, el SPB dispuso medidas administrativas contra los agentes señalados.
El Ministerio de Justicia bonaerense resolvió la disponibilidad preventiva del personal involucrado y removió a la conducción de la Unidad N°51.
Además, se inició un sumario interno a través del área de Asuntos Internos con el objetivo de colaborar con la investigación judicial y garantizar el avance de las actuaciones sin interferencias.
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