Otro de los aspectos que más inquieta a los investigadores tiene que ver con la posible omisión de asistencia. Las lesiones detectadas habrían generado síntomas visibles y progresivos, lo que abre interrogantes sobre por qué no se buscó ayuda médica de manera inmediata. En este sentido, desde la fiscalía sostienen que existió una demora deliberada en acudir a un centro de salud, lo que pudo haber reducido las chances de supervivencia del menor.
“Estas lesiones necesariamente debieron manifestarse clínicamente y, sin embargo, no hubo intervención oportuna”, indicó Olazábal, quien también deslizó que el cuadro habría sido ocultado hasta horas antes del desenlace fatal. Esta hipótesis agrega un componente aún más grave al caso, ya que no solo se investiga la agresión física, sino también la falta de acción frente a un niño en evidente estado de vulnerabilidad.
En paralelo al avance de las pericias, la Justicia dispuso la detención de la madre del menor, Mariela Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla penas severas debido a la relación directa con la víctima.
De acuerdo a la reconstrucción preliminar de los hechos, el hombre habría tenido una participación activa en las agresiones físicas, mientras que la mujer es investigada bajo la figura de omisión, es decir, por no haber intervenido para evitar el desenlace. Esta diferenciación de roles no atenúa la gravedad de la acusación, sino que amplía el espectro de responsabilidades dentro del núcleo familiar.
El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde vecinos, organizaciones sociales y familiares del niño comenzaron a manifestarse exigiendo justicia. El nombre de Ángel se convirtió rápidamente en símbolo de un reclamo colectivo contra la violencia infantil, una problemática que, aunque muchas veces silenciosa, deja huellas devastadoras.
En medio de este escenario, la voz del padre del niño, Luis López, emergió con fuerza. Visiblemente afectado por la pérdida, expresó su dolor y su determinación de llegar hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir por todo. Esto no puede quedar así”, declaró, en un mensaje cargado de angustia pero también de firmeza.
El entorno familiar también puso el foco en posibles fallas del sistema de protección de menores. Según planteó la querella, existían antecedentes que indicaban que el niño no debía estar bajo el cuidado de su madre, lo que abre una nueva línea de investigación vinculada a la responsabilidad estatal. Esta hipótesis sugiere que hubo advertencias previas que no fueron debidamente atendidas, lo que podría haber permitido que la situación de riesgo se prolongara en el tiempo.
“Fue invisibilizado”, señalaron desde el entorno legal de la familia, en referencia a la falta de intervención de organismos que podrían haber actuado antes. Esta afirmación no solo apunta a esclarecer lo ocurrido, sino también a cuestionar los mecanismos de prevención y control en casos de vulnerabilidad infantil.
A medida que pasan los días, el expediente continúa sumando elementos que podrían ser determinantes para el futuro judicial de los acusados. Pericias complementarias, testimonios y análisis de antecedentes forman parte de un entramado complejo que busca reconstruir con precisión lo ocurrido en las horas y días previos a la muerte del niño.
Mientras tanto, la sociedad observa con atención el desarrollo de la causa, en un clima de profunda sensibilidad. La muerte de Ángel no solo representa una tragedia individual, sino también un llamado de atención sobre situaciones que muchas veces permanecen ocultas detrás de las puertas de un hogar. La violencia contra los niños, en cualquiera de sus formas, sigue siendo una deuda pendiente que interpela tanto a las instituciones como a la comunidad en su conjunto.
En este contexto, el caso se perfila como un posible precedente en materia judicial y social. La calificación de los hechos, las responsabilidades que se determinen y las eventuales condenas podrían marcar un punto de inflexión en la forma en que se abordan estos delitos. La expectativa está puesta en que el proceso avance con celeridad, pero también con el rigor necesario para garantizar justicia.
La historia de Ángel López, atravesada por el dolor y la indignación, deja al descubierto una realidad que duele pero que no puede ser ignorada. Detrás de cada dato revelado por la investigación hay una vida que no tuvo la oportunidad de desarrollarse plenamente, y un sistema que ahora deberá responder por lo que hizo —o dejó de hacer—.
