La Justicia de San Isidro ordenó este viernes una estricta medida contra cuatro detenidos acusados de integrar la denominada “Banda del Millón ”, señalada por múltiples robos violentos y al menos dos homicidios en la zona norte del conurbano bonaerense, una de ellos el de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años en Acasusso. La resolución busca frenar la continuidad de delitos organizados desde las cárceles.
Inseguridad
La Banda del Millón: les prohibieron el uso de sus celulares a los detenidos por el crimen de una jubilada en Acassuso
El fiscal Patricio Ferrari había solicitado que los 40 acusados del expediente queden incomunicados. Además, se solicitó un informe sobre el uso del teléfono de otro preso sospechado de ser parte de la organización.
Les prohibieron el uso de sus celulares a los detenidos por el crimen de una jubilada en Acassuso.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, en el marco de la investigación por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años que fue atacada a fines de octubre pasado en su casa de Acassuso.
La magistrada dispuso la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con acceso a internet para los cuatro detenidos vinculados al homicidio. La resolución responde a un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien además está a cargo de la UFI de Ciberdelitos del distrito.
El fiscal había solicitado extender esta restricción a los más de 40 sospechosos que permanecen detenidos por integrar la organización, bajo la sospecha de que los líderes coordinaban los ataques desde distintos penales.
En su resolución, la jueza explicó que la medida tiene un carácter cautelar. Según sostuvo, apunta a “interrumpir u obstaculizar la continuidad del hecho ilícito objeto del proceso”, en una investigación que considera compleja y con maniobras delictivas presuntamente ejecutadas de manera continuada desde unidades carcelarias.
Qué establece la resolución
Sobre los detenidos Miguel Ángel Viera, Ramiro Emiliano Julio, Thiago S. y Santiago Paz, la Justicia dispuso:
- La prohibición absoluta de uso, tenencia o acceso, directo o indirecto, a teléfonos celulares o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o conexión a internet, con excepción del contacto con sus abogados defensores.
- La instalación de bloqueadores o inhibidores de señal en los lugares de detención.
- Requisas diarias para constatar que no posean equipos electrónicos.
- La prohibición expresa de que terceros faciliten o gestionen el ingreso de estos dispositivos, bajo apercibimiento de sanciones.
En paralelo, el Tribunal Oral N°4 solicitó a las autoridades de la Unidad Carcelaria N°28 de Magdalena que informen de manera urgente sobre la situación del teléfono celular de otro interno vinculado a la banda.
El reclamo del intendente de San Isidro
Tras conocerse la decisión judicial, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, respaldó la medida y reclamó avanzar con una prohibición general del uso de celulares en las cárceles bonaerenses.
“Detener y privar de la libertad tiene, entre otros objetivos, alejar el peligro de la sociedad. Con el uso de celulares, sigue la impunidad y se engaña a la sociedad con una falsa idea de justicia”, sostuvo.
El jefe comunal agregó que muchos delincuentes continúan operando desde prisión y consideró que el sistema penitenciario provincial permite que los penales funcionen como “verdaderas oficinas del delito”.
Quiénes son “La Banda del Millón”
La organización está señalada como responsable de una docena de robos violentos en viviendas del norte del conurbano. La modalidad principal era el escruche, aunque en varios casos los ataques se cometieron con moradores presentes.
Según los investigadores, el grupo realizaba tareas de inteligencia previas para seleccionar a las víctimas. Analizaban horarios, sistemas de seguridad y rutinas mediante plataformas digitales y redes sociales.
Las pesquisas también determinaron que utilizaban menores de edad, algunos de hasta 12 años, para tareas de vigilancia y seguimiento. Entre sus estrategias, simulaban entregas o visitas para comprobar si las casas estaban habitadas.
Entre los golpes más resonantes atribuidos a la banda se encuentran los robos en las viviendas del periodista Ángel “Baby” Etchecopar y del hermano del intendente de San Isidro.
Homicidios y víctimas vulnerables
La organización también fue vinculada al asesinato del empresario Jorge De Marco, hallado maniatado y golpeado en marzo de 2024. Otro de los crímenes investigados es el de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga.
Las víctimas elegidas por el grupo solían ser adultos mayores, muchos de ellos de más de 80 años. Durante los asaltos, eran intimidados e incluso agredidos para obtener información sobre dinero, joyas y otros bienes de valor.
Una investigación en expansión
La causa continúa en etapa de instrucción y ya cuenta con más de 40 detenidos. Los investigadores buscan determinar la estructura completa de la organización, su financiamiento y el rol de cada integrante.
La Justicia no descarta nuevas imputaciones y medidas en los próximos meses. Mientras tanto, la prohibición del uso de celulares busca cortar la comunicación entre los líderes y quienes ejecutaban los robos.
El caso volvió a poner el foco en el uso de tecnología dentro de las cárceles y en la necesidad de reforzar controles para evitar que las bandas criminales continúen operando desde el encierro.
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