La historia de Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, volvió a instalar el debate sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la atención de los trastornos de salud mental en Colombia.
La historia de Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, volvió a instalar el debate sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la atención de los trastornos de salud mental en Colombia. Horas antes de someterse al procedimiento médico que puso fin a su vida, la joven concedió una entrevista en la que habló con serenidad sobre la decisión que había tomado y explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a solicitar la eutanasia tras años de padecimientos psiquiátricos.
Durante esa conversación, Catalina aseguró sentirse en paz con la determinación adoptada. "Estoy muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad", expresó al describir el estado emocional que experimentaba antes del procedimiento. Sus palabras tuvieron una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde miles de personas reaccionaron con mensajes de apoyo, mientras otras manifestaron su preocupación por las implicancias éticas y legales que rodean este tipo de casos.
La joven explicó que esa calma no estaba relacionada con una mejora en su estado de salud, sino con la certeza de que el sufrimiento que había atravesado durante gran parte de su vida finalmente tendría un final. Según relató, convivió durante años con enfermedades psiquiátricas que afectaron profundamente su calidad de vida y que, pese a múltiples tratamientos, nunca lograron estabilizarse de manera sostenida.
En su testimonio, Catalina sostuvo que una de las sensaciones más difíciles de enfrentar era la incertidumbre de no saber cuándo terminaría el dolor emocional que padecía desde hacía una década. Por eso aseguró que la posibilidad de acceder a un procedimiento legal le permitió recuperar una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba.
"Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que puedes detenerlo y decir que es suficiente", afirmó durante la entrevista, una frase que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y generó un intenso intercambio de opiniones entre especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos.
La psicóloga había recibido sus primeros diagnósticos alrededor de los 20 años. Los profesionales determinaron que padecía trastorno depresivo mayor severo y persistente, además de trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. A partir de ese momento inició un largo recorrido por distintos tratamientos, consultas médicas, internaciones y terapias que buscaban mejorar su estado clínico.
Con el paso de los años, Catalina explicó que atravesó numerosos intentos terapéuticos sin obtener los resultados esperados. Esa situación derivó en reiteradas hospitalizaciones y períodos de crisis que terminaron deteriorando considerablemente su bienestar físico y emocional.
En uno de los mensajes que decidió dejar antes de morir, recordó cuál fue el episodio que terminó convenciendo de que no quería volver a atravesar ese nivel de sufrimiento. Relató que la última internación representó un antes y un después en su vida.
Según contó, los médicos consideraban que el riesgo de suicidio era extremadamente elevado, motivo por el cual permanecía bajo estricta supervisión dentro del centro asistencial. Las limitaciones físicas y el aislamiento que implicaba ese tratamiento marcaron profundamente su estado emocional.
"El riesgo de suicidio era muy alto. Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar", expresó al recordar aquel período.
Ese episodio, aseguró, terminó convirtiéndose en el punto de inflexión que la llevó a comenzar los trámites para solicitar una muerte médicamente asistida conforme a la legislación colombiana.
El caso comenzó a tomar notoriedad pública cuando Catalina inició formalmente el procedimiento para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio, una figura que fue despenalizada en Colombia a partir de un fallo judicial emitido en 2022.
Aunque ambos mecanismos tienen como finalidad permitir que una persona con determinadas condiciones médicas pueda poner fin a su vida de manera legal, existen diferencias importantes entre ellos.
En el suicidio médicamente asistido es el propio paciente quien administra el medicamento que provoca la muerte, mientras que en la eutanasia el procedimiento es realizado directamente por un profesional de la salud, siguiendo protocolos previamente establecidos.
Sin embargo, el camino que Catalina imaginaba recorrer encontró un obstáculo administrativo. Si bien la asistencia médica al suicidio dejó de ser considerada un delito, la ausencia de una reglamentación específica impidió que pudiera acceder efectivamente a esa alternativa dentro del sistema sanitario colombiano.
Frente a ese escenario, la joven decidió iniciar el proceso para solicitar la eutanasia, un procedimiento que sí cuenta con protocolos definidos, requisitos médicos y mecanismos de autorización previstos por las autoridades sanitarias del país.
Tras cumplir con las evaluaciones correspondientes y atravesar las distintas instancias previstas por el sistema de salud, finalmente obtuvo la autorización para realizar el procedimiento.
Su historia generó una fuerte repercusión no solo en Colombia, sino también en distintos países de América Latina, donde continúa existiendo un intenso debate sobre el alcance de los derechos de los pacientes que padecen enfermedades graves, crónicas o consideradas irreversibles.
Especialistas en bioética sostienen que este tipo de situaciones plantean interrogantes complejos acerca de la autonomía personal, el consentimiento informado y el papel del Estado frente a quienes experimentan sufrimientos persistentes que no logran aliviarse mediante los tratamientos disponibles.
Al mismo tiempo, diversas organizaciones vinculadas a la salud mental remarcaron la importancia de diferenciar cada caso clínico y recordaron que la mayoría de las personas que padecen depresión, ansiedad u otros trastornos psiquiátricos pueden mejorar significativamente mediante tratamientos adecuados, acompañamiento profesional y redes de contención.
Por ese motivo, el caso de Catalina Giraldo fue analizado desde múltiples perspectivas. Mientras algunos sectores interpretaron su decisión como una expresión de autonomía personal respaldada por el marco jurídico colombiano, otros insistieron en que estos episodios deben impulsar una mayor inversión en políticas públicas destinadas a fortalecer la atención de la salud mental y ampliar el acceso a tratamientos especializados.
Durante sus últimas horas, Catalina volvió a insistir en que su decisión había sido profundamente reflexionada y que no respondía a un impulso momentáneo. En distintos fragmentos de su despedida manifestó que había atravesado años de sufrimiento constante y que, tras evaluar todas las alternativas disponibles, consideraba que había llegado el momento de poner fin a ese proceso.
Las imágenes de su entrevista y las frases que pronunció antes del procedimiento fueron reproducidas por numerosos medios de comunicación y compartidas miles de veces en redes sociales, donde provocaron un amplio debate público sobre la legislación colombiana y las diferencias existentes entre eutanasia y suicidio asistido.
Su historia también puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que todavía existen para implementar plenamente algunas decisiones judiciales. Aunque el suicidio médicamente asistido dejó de ser penalizado hace varios años, la inexistencia de una reglamentación concreta continúa generando obstáculos para quienes buscan acceder a esa práctica dentro del sistema de salud.
En consecuencia, muchas personas que cumplen determinadas condiciones terminan recurriendo a la eutanasia cuando esta constituye el único mecanismo con protocolos claramente establecidos y operativos.
El caso de Catalina Giraldo quedó así convertido en uno de los más resonantes de los últimos tiempos en Colombia. Sus declaraciones finales, marcadas por la serenidad con la que describió su decisión, continúan alimentando un debate que trasciende lo jurídico y alcanza dimensiones médicas, éticas, sociales y humanas.
Más allá de las distintas posiciones que despierta un tema tan sensible, su testimonio volvió a poner el foco sobre la realidad de quienes conviven durante años con trastornos de salud mental severos y resistentes a los tratamientos, así como sobre la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de atención, prevención y acompañamiento para todas las personas que enfrentan este tipo de enfermedades.
