La mujer detalló que había matado a golpes a Silvero y que luego lo había descuartizó y arrojado los restos en distintos sitios del partido de Lomas de Zamora. Ante esta situación, la fiscalía dispuso las aprehensiones de la mujer y de sus dos hijos carniceros como sospechosos del homicidio.
Por qué liberaron a la mujer y sus hijos
Fuentes judiciales explicaron a la agencia de noticias Télam que en el caso de Villa Fiorito, y a pedido de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar del departamento judicial de Lomas de Zamora, Marcela Juan, la jueza de Garantías Laura Ninni liberó a Laura Marcela Campos (46) y a sus hijos Mariano Gabriel (18) y Fabián Alejandro (20) Campos, imputados del "homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Daniel Tomás Silvero (56), pareja de la mujer.
Las liberaciones se produjeron luego de que la fiscal Juan decidiera no solicitar convertir en prisión preventiva las detenciones al argumentar que tanto la mujer como sus dos hijos "resultaban víctimas de violencia de género y familiar en todas sus formas" por parte de Silvero.
Al momento de ser detenida, Campos confesó el crimen de su esposo y dijo que era insoportable vivir con Silvero, a quien definió como un violento abusador, al que no podía dejar a solas con su hija por temor a que le hiciera algo.
El prontuario de la víctima
En 2019 el hombre había sido denunciado la violación de la hija adolescente de Campos, ante UFI 9 Especializada en delitos contra la Integridad Sexual.
Anteriormente, en 2010, Silvero había sido denunciado por otro abuso sexual, aunque la causa quedó archivada, dijeron las fuentes.
"La fiscal tomó en cuenta que la familia Campos vivía en una situación de violencia desde 2014", aseguró a Télam Gisele Barraza, abogada de la familia de Silvero.
Según la letrada, la mujer declaró que conocía a la víctima hacía aproximadamente 24 años y que el hombre había tenido otra esposa y 11 hijos.
Tras ordenar la libertad de los tres acusados entendiéndolos como víctimas de violencia de género, la jueza de Garantías les impuso como condición notificar un domicilio de residencia, que fijaron en el partido bonaerense de Tigre.