¿Por qué la ley Micaela?
El impacto de este caso en la opinión pública tuvo sus consecuencias. La lucha por justicia de la mamá de Micaela García, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.
El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Según datos de la agencia Télam, desde su sanción, ya adhirieron a la Ley Micaela todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aproximadamente 500 municipios de todo el país. Dado que la norma alcanza al universo del personal del Estado, ya sean funcionarios o empleados, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación, no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo.
Durante el 2020 y el 2021, en la provincia de Buenos Aires se capacitaron 4310 máximas autoridades de 44 ministerios y organismos, y recibieron el curso para formadoras y formadores 1136 personas de 135 municipios. En la cámara de Diputados de la Nación, 938 personas cumplieron con la Ley Micaela en 2021, y 84 en lo que va de 2022. En el caso del Senado, 969 trabajadores y trabajadoras aprobaron el curso hasta el momento.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) informó que hasta diciembre de 2021 había capacitado a casi 47.000 integrantes de la Administración pública.