La enfermera Denise Torres García, de 30 años, perdió la vida junto a otros tres tripulantes al explotar un avión sanitario tras despegar de la ciudad fueguina de Río Grande.
El 1 de julio de 2022, la enfermera Denise Torres García, de 30 años, perdió la vida junto a otros tres tripulantes al explotar un avión sanitario tras despegar de la ciudad fueguina de Río Grande. La tragedia, ocurrida mientras el equipo sanitario emprendía el regreso a Buenos Aires, dejó una herida profunda en sus familias y una causa judicial que, tres años después, sigue paralizada.
A bordo del Learjet 35A de la empresa Flying America, contratado por ADER/MD FLY Servicios Aéreos, viajaban además del piloto y copiloto, el médico Diego Ciolfi, reconocido profesional pediátrico, y Denise, que había participado en el traslado de un bebé de cinco meses junto a sus padres.
Apenas despegó la aeronave, explotó en el aire. El impacto fue letal. Todos murieron en el acto. Las condiciones climáticas eran óptimas y el despegue se había producido sin anomalías visibles.
El reciente informe final de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo dependiente del Ministerio de Economía, determinó que la causa de la tragedia fue una falla mecánica atribuible a una negligencia técnica grave.
Concretamente, los peritajes revelaron que no se colocó el clip de bloqueo que une los dos comandos de la aeronave, un componente clave que había sido retirado en mantenimientos anteriores y nunca volvió a ser colocado. La pieza ausente generó que, con las horas de vuelo, los comandos terminaran soltándose, y cuando eso ocurrió, el piloto y copiloto ya no tenían forma de controlar el avión.
Este hallazgo, que aparece con claridad en los informes periciales, fue recibido con indignación por los familiares, que desde hace tres años exigen avances judiciales sin encontrar respuestas. “Sabemos que esto no fue un accidente. Nos quieren hacer creer que fue casual, pero alguien omitió ese clip y eso costó cuatro vidas”, denuncia Mónica Ferrara, madre de Denise.
La causa judicial tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo la órbita de la jueza Mariel Borruto, con intervención del fiscal Marcelo Rappaport. Sin embargo, no hay imputados, ni se han realizado indagatorias, pese a que los informes técnicos ya están disponibles.
“El perito oficial también presentó su informe y solo queda uno más. Después de eso, no hay excusas para que la causa penal avance”, detalla Ferrara. Pero el paso del tiempo juega en contra: “Es muy desgastante. Mientras nosotros esperamos justicia, los responsables siguen con su vida como si nada hubiese ocurrido”.
Los familiares sienten que enfrentan un sistema judicial lento y esquivo, donde los procesos se dilatan y el reclamo por justicia se transforma en un camino lleno de obstáculos. “Nos están faltando el respeto, no solo a nosotros, sino también a las víctimas”, lamenta la mamá de Denise.
El 1 de julio de 2022, la misión sanitaria había comenzado con normalidad. El avión partió desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, y aterrizó sin inconvenientes en Río Grande. La tripulación había trasladado a un bebé de cinco meses junto a sus padres. Tras completar la entrega del paciente, Denise, Diego, Claudio y Héctor iniciaron el vuelo de regreso.
Pero el regreso jamás se completó. A pocos minutos del despegue, la nave explotó y cayó envuelta en llamas dentro del predio de la Base Aeronaval. Testigos en el lugar declararon haber escuchado una explosión estremecedora y luego ver una columna de humo negro que se elevaba desde el aeropuerto.
El hecho conmovió a toda la ciudad. Las condiciones del tiempo no explicaban la catástrofe. La tragedia solo podía explicarse por una falla técnica severa, ahora atribuida a un error humano durante el mantenimiento del avión.
La pérdida de Denise resonó con fuerza en la comunidad médica. Trabajaba en el área de terapia intensiva pediátrica del Sanatorio Finochietto. Además, era voluntaria en el Barrio Mugica, amaba el deporte, era fanática de Racing Club, y tenía múltiples pasiones: el fútbol, el hockey, la música y los viajes.
Su familia la describe como una joven llena de vida, con vocación de servicio y entrega total. “Tenía un futuro inmenso por delante”, subrayan sus allegados.
El doctor Diego Ciolfi, de 56 años, había sido director del Hospital Zonal Pedro Tardivo de Caleta Olivia y desde hacía una década trabajaba en el Hospital Garrahan, en la Unidad de Quemados. En homenaje a su trayectoria, la sala de pediatría del hospital de Caleta Olivia lleva hoy su nombre.
El piloto Claudio Canelo, de 52 años, vivía en Hurlingham con su esposa y sus dos hijos. Uno de ellos se preparaba para seguir su camino como piloto.
Por último, Héctor Vittore, copiloto, había nacido en Roma y tenía 51 años. Estaba casado con Andrea Durruty. Su hermana, Bárbara, también es piloto.
Desde entonces, las familias impulsan campañas de recolección de firmas y visibilización para evitar que la tragedia quede impune. “Elegimos seguir creyendo en la justicia, aunque cada vez cuesta más”, aseguran desde la familia Torres García.
A través de una carta pública, expresaron su desesperación: “En un país donde la justicia perdió credibilidad, apostamos a que esta vez no gane la impunidad. Confiamos en que la jueza Mariel Borruto, la fiscalía y nuestro abogado Francisco Ibarra logren revertir este curso”.
El dolor, aclaran, no desaparecerá jamás. Pero exigen un gesto de reparación: que los responsables respondan ante la ley y que se modifiquen los protocolos para evitar que otra familia viva lo mismo.
Uno de los puntos claves que arrojó la investigación es la recomendación de la JST al fabricante del Learjet 35A para que actualice el manual de uso y mantenimiento del avión, considerando el error fatal detectado en este caso.
Este tipo de ajustes en los protocolos no solo son necesarios para la seguridad aérea, sino que también representan una forma de honrar la memoria de quienes murieron cumpliendo con su vocación sanitaria.
