El hombre sobrevivió al ataque gracias a que logró escapar del departamento y pedir ayuda. Una vecina, que además era enfermera, le brindó primeros auxilios inmediatos y consiguió detener la hemorragia que podría haber sido fatal. Ese gesto fue clave para salvarle la vida y permitió que llegara a tiempo la asistencia médica. La escena que hallaron los investigadores tras ingresar al departamento fue contundente: la tijera utilizada, cuadernos con anotaciones y registros electrónicos que describían un plan previo para concretar la mutilación.
Durante los primeros tramos del proceso judicial, Barattini intentó instalar la versión de que había sido víctima de un abuso sexual por parte del hombre, pero la Justicia descartó esa versión tras analizar pericias, testimonios y evidencia digital. Esa conclusión modificó radicalmente la dirección del expediente, que pasó a considerarse un caso de intento de homicidio, con una agresión planificada en un contexto íntimo y no un acto defensivo como había asegurado la acusada.
Finalmente, en 2019, el tribunal falló en contra de Barattini y la condenó a 13 años de prisión, sentencia que además incluyó la obligación de indemnizar a la víctima con una suma económica importante, luego de que la Justicia aceptara de manera parcial la demanda civil presentada por el hombre. La indemnización se fijó considerando el daño físico irreversible, el daño psicológico y las secuelas sociales derivadas de un episodio que tuvo amplísima repercusión pública.
Si bien el cálculo de condena establecía que recién podría haber obtenido su libertad plena el 25 de noviembre de 2030, la ley prevé beneficios como la libertad condicional después de cumplir una determinada proporción de la pena. En su caso, podía solicitar ese beneficio a partir de noviembre de 2026. Sin embargo, su salida se adelantó aún más debido a que obtuvo 10 meses y tres días de reducción, producto de haber completado cursos educativos, programas laborales y formación universitaria dentro del penal. Esos antecedentes quedaron documentados en los informes penitenciarios que fueron evaluados por el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, quien finalmente resolvió otorgarle la libertad.
La audiencia, realizada en Tribunales 2, fue clave para definir el futuro inmediato de Barattini. Allí se analizaron informes psicológico-criminológicos, su conducta en el penal, el cumplimiento de reglamentos internos y su participación activa en programas de reinserción. La decisión no fue tomada a la ligera: cada elemento fue sometido a revisión para determinar si la mujer estaba en condiciones de retomar su vida fuera de la cárcel sin representar un riesgo social ni un incumplimiento de las normas fijadas.
La arquitecta deberá acatar estrictamente las condiciones impuestas. Entre ellas, además de fijar domicilio en Comodoro Rivadavia y presentarse mensualmente ante las autoridades de supervisión, está la obligación de no acercarse a menos de mil metros de cualquier sitio donde pueda encontrarse la víctima. Según se informó, el hombre ya no reside en el sur del país, lo que disminuye la probabilidad de un eventual encuentro, pero la restricción se mantiene como medida de protección obligatoria. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de la libertad y el regreso inmediato a prisión para cumplir el resto de la condena original.
La discusión social alrededor de este caso ha sido intensa desde el primer momento. La violencia ejercida, el carácter planificado del ataque y el impacto físico y emocional en la víctima convirtieron el hecho en uno de los más recordados en Córdoba en la última década. A ello se sumó el debate mediático en torno a la figura de Barattini, su historia personal, los argumentos expuestos por su defensa y el análisis de las pruebas que derrumbaron el relato inicial que intentó instalar sobre un supuesto abuso.
Durante su tiempo en prisión, Barattini se mantuvo involucrada en diversas actividades educativas y laborales, lo que finalmente se transformó en un punto clave a favor de su pedido de libertad. Según detallaron fuentes penitenciarias, realizó cursos técnicos, talleres, capacitaciones y estudios universitarios que le permitieron acceder a los beneficios que la ley contempla para personas que demuestran esfuerzos de reinserción. Esos antecedentes no borran lo sucedido, pero sí forman parte de los criterios que la Justicia evalúa para otorgar reducciones y beneficios dentro del sistema penal argentino.
El impacto del caso se mantiene vigente. La víctima, que logró sobrevivir a un ataque que por su gravedad podría haber sido letal, sigue transitando un proceso de recuperación física y emocional. En tanto, Barattini inicia ahora una nueva etapa, bajo vigilancia judicial, con la obligación de cumplir una serie de requisitos que serán revisados periódicamente. La sombra del expediente, sin embargo, la acompañará durante muchos años más: la condena no desaparece, la supervisión continuará hasta 2030 y cualquier incumplimiento podría alterar nuevamente su situación.
Mientras tanto, el caso vuelve a alimentar la discusión sobre cómo debe funcionar la reintegración social de personas condenadas por delitos graves, cuál es el rol del sistema penitenciario en esos procesos y cómo se equilibra el derecho a la rehabilitación con la necesidad de protección a las víctimas. También reabre viejos debates sobre la violencia en los vínculos íntimos y sobre las reacciones extremas que pueden surgir dentro de relaciones cargadas de conflicto, manipulación o desequilibrio emocional.
La prisión de Bouwer, donde Barattini cumplió la mayor parte de su condena, ha desarrollado en los últimos años programas formativos que permiten a las internas acceder a estudios universitarios y cursos especializados. Allí, la arquitecta se mantuvo vinculada a actividades laborales y educativas, aprovechando oportunidades que le permitieron reducir legalmente su pena. Esa conducta, observada a lo largo de los años, fue uno de los argumentos que finalmente inclinó la balanza a su favor.
Ahora, con su libertad otorgada, la mujer deberá transitar una etapa compleja pero legalmente reglamentada, en la que se evaluará de manera constante su capacidad para reinsertarse social y laboralmente sin infringir las condiciones impuestas. Aunque la historia judicial no está del todo cerrada —ya que la supervisión continuará hasta el final de la condena—, su salida de la cárcel marca un capítulo relevante dentro de un caso que continúa generando repercusiones.
