“Quedó todo en la nada”, lamentó Adriana, quien salió del encuentro con la sensación de que el conflicto no sería abordado con la urgencia que amerita. De acuerdo con su testimonio, el equipo directivo les habría asegurado que, debido a que la adolescente es menor de edad, la institución tiene las manos atadas para aplicar medidas restrictivas más severas. Sin embargo, los padres consideran que esta respuesta no solo es insuficiente, sino incluso peligrosa, porque omite la necesidad de garantizar que los estudiantes concurran a clases sin miedo a sufrir algún tipo de agresión.
A este cuadro ya inquietante se suma una problemática paralela que genera indignación entre las familias: dentro del edificio escolar hay baños químicos. La presencia de estos sanitarios improvisados, según expusieron las madres, es un indicador más de las condiciones deficientes en las que se desarrollan las actividades educativas. Todo esto, junto con los episodios de violencia, forjó un malestar colectivo que terminó por romper la paciencia de la comunidad.
Tras el fin de semana largo, este martes, los padres decidieron trasladar su reclamo al Municipio, convencidos de que las autoridades educativas no están tomando medidas concretas para resolver la situación. No buscan, dicen, discriminar a la adolescente que protagoniza los incidentes, sino exigir que exista un protocolo que garantice la seguridad de los estudiantes, quienes deberían poder asistir a clases en un ambiente de tranquilidad.
“Los chicos tienen miedo”, remarcó Adriana. “No estamos pidiendo nada extraordinario. Queremos que alguien actúe, que se haga cargo, porque no podemos vivir pendientes de si esta nena entra o no al colegio, si lleva un cuchillo, si los amenaza o si les tira alcohol.”
En los últimos días que asistieron a clases, la tensión era tan palpable que incluso hubo tres patrulleros apostados en la puerta de la escuela. El refuerzo policial fue convocado luego de un abrupto corte de luz que generó pánico entre los estudiantes, ya cansados de convivir con amenazas, gritos y episodios agresivos. Ese apagón motivó que varias madres radicaran una denuncia, temiendo que detrás del corte pudiera haber alguna conexión con los disturbios que venían sucediendo.
El escenario plantea desafíos complejos: por un lado, la necesidad de proteger a los alumnos que integran la primaria y la secundaria; por otro, la responsabilidad del Estado de establecer estrategias adecuadas para contener y acompañar a una adolescente con discapacidad intelectual que manifiesta conductas disruptivas. La convivencia escolar, que debería ser un espacio seguro, terminó convertida en un campo de tensiones sin que ninguna autoridad asuma una postura clara para resolver el conflicto.
Los padres, cansados y frustrados, sienten que hay un vacío institucional evidente. Señalan que, a pesar de haber informado lo sucedido en múltiples oportunidades, nunca recibieron respuestas articuladas entre la escuela especial, la primaria y la secundaria. Tampoco, dicen, se activaron los equipos interdisciplinarios que suelen intervenir en casos de conflictividad escolar o situaciones de riesgo. “No puede ser que tengamos que esperar a que pase algo grave para que alguien intervenga”, dijo con preocupación otra de las madres durante la convocatoria del martes.
Mientras tanto, los estudiantes siguen sin asistir a clases. Muchos de ellos no quieren regresar por miedo, otros porque sus propios padres prefieren resguardar su seguridad hasta tener garantías de que la escuela será capaz de controlar los ingresos irregulares y evitar nuevos episodios. Para las familias, no se trata de un paro ni de una protesta simbólica: sienten que están protegiendo la integridad física y emocional de sus hijos ante un sistema que, por ahora, no parece ofrecer respuestas.
Lo que ocurre en La Fraternidad pone en evidencia una problemática más profunda: la falta de articulación entre instituciones educativas y organismos estatales cuando se trata de casos que involucran a menores que requieren acompañamiento especializado. Las escuelas, por sí solas, carecen de herramientas para enfrentar situaciones de este tipo, y cuando los organismos estatales no intervienen a tiempo, los conflictos escalan y se vuelven ingobernables.
En este caso, la combinación de la vulnerabilidad de la adolescente, su falta de supervisión adecuada y la inexistencia de un protocolo de acción puso en jaque a toda una comunidad. No se trata solo de un problema de disciplina o de convivencia: es un síntoma de un sistema que todavía no logra integrar medidas de inclusión con dispositivos de seguridad que protejan a todas las partes involucradas.
Mientras la incertidumbre continúa, las familias esperan una respuesta concreta. “No queremos que la chica sea castigada, pero alguien tiene que hacerse cargo de su cuidado”, expresan. Y vuelven a insistir en lo esencial: la prioridad debe ser garantizar que los alumnos puedan estudiar en un entorno seguro. Hasta que eso no ocurra, dicen, no están dispuestos a arriesgar a sus hijos.
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